El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, sostuvo que el país atraviesa actualmente uno de los periodos más favorables de las últimas décadas, impulsado principalmente por los elevados precios internacionales de los minerales. Durante su intervención en el panel “Financiando el Motor del Crecimiento del País” en el marco del XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el titular del organismo monetario señaló que el Perú posee un potencial significativo para expandir su industria cuprífera.
Velarde destacó que, si se logran destrabar los proyectos mineros que se encuentran pendientes, el Perú tendría la capacidad de superar a Chile en la producción de cobre. Para alcanzar este objetivo, el funcionario señaló que el país cuenta con una inversión cercana a los US$ 47,000 millones. Según sus cálculos, la concreción de estos proyectos permitiría sumar rápidamente una potencia adicional de 3,250 mil toneladas de cobre, lo que podría llevar a duplicar la producción actual del metal rojo.
Sin embargo, el presidente del BCR fue enfático al advertir que este crecimiento no ocurrirá de forma automática. Para lograrlo, señaló que es indispensable establecer una hoja de ruta que permita simplificar la excesiva burocracia y los trámites que enfrentan las inversiones en el país. Velarde cuestionó el crecimiento explosivo de las exigencias administrativas, detallando que en el proceso participan actualmente 29 entidades públicas, 13 ministerios, nueve organismos técnicos y se deben cumplir más de 200 procedimientos.
En cuanto al contexto global, Velarde afirmó que el país vive un nuevo superciclo minero. Explicó que los precios de intercambio actuales se encuentran en niveles que no se observaban desde hace 75 años, comparándolos con los precios registrados en los años 1950 y 1951. Asimismo, subrayó que el impacto de la minería trasciende al sector extractivo, generando un efecto multiplicador que beneficia directamente a otras áreas de la economía, tales como la manufactura, el comercio, la construcción y los servicios.
El titular del BCR recordó que, históricamente, los periodos de mayor crecimiento económico en el Perú han estado ligados a las inversiones mineras. Como ejemplo, citó el boom ocurrido entre 2005 y 2013, periodo en el cual el país registró un crecimiento del 6.6%, un aumento en los ingresos fiscales y una notable reducción de la pobreza. Durante esos años, la inversión privada creció aproximadamente un 14% anual, mientras que la inversión pública avanzó a un ritmo cercano al 15% anual.
Sobre el impacto social, Velarde resaltó que este impulso económico permitió que la pobreza monetaria cayera del 59% en 2004 al 22.7% en 2014, señalando que, en ese lapso, el Perú redujo la pobreza con mayor rapidez que China. No obstante, reconoció que en la última década este dinamismo se ha perdido debido a la inestabilidad política, la caída de las inversiones y la desaceleración económica general.
En el ámbito fiscal, el presidente del BCR lanzó una crítica al manejo de los recursos en los últimos años. Recordó la existencia del Fondo de Estabilización Fiscal, creado durante el boom minero anterior para ahorrar recursos extraordinarios y sostener la inversión pública en tiempos de crisis. Velarde denunció que dicho fondo no ha sido alimentado debido a que el país ha mantenido déficit fiscales y a que el crecimiento del gasto público se ha orientado hacia el gasto corriente y no hacia la inversión. Advirtió que este incremento del gasto permanente limita la capacidad de respuesta del Estado para cuando los precios internacionales de los metales retrocedan.
Finalmente, Velarde insistió en que para atraer inversiones de largo plazo es fundamental fortalecer la estabilidad institucional y jurídica. Destacó que el país requiere reglas claras y predecibles en los marcos tributario y judicial, así como en la gestión de permisos. Asimismo, alertó sobre la alta rotación de ministros y funcionarios, señalando que el cambio continuo de autoridades dificulta la continuidad de las políticas públicas necesarias para el desarrollo del sector minero y la inversión en general.
