El ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, ha dejado establecido que el país se encuentra en un proceso de desarrollo de una estrategia de seguridad pública propia, denominada "modelo catracho". Esta postura surge como una respuesta directa a las sugerencias emanadas desde el Congreso Nacional, donde se había propuesto que las autoridades hondureñas analizaran y tomaran como referencia la experiencia implementada en El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele para combatir la criminalidad y desmantelar las estructuras delictivas.
No obstante, el funcionario fue enfático al descartar que Honduras pretenda replicar el esquema salvadoreño. Si bien Velásquez manifestó que el Gobierno mantiene una apertura hacia el conocimiento de diversas experiencias internacionales, subrayó que cualquier estrategia nacional debe responder estrictamente a las condiciones, circunstancias y realidades propias del territorio hondureño. Según el titular de Seguridad, el país enfrenta desafíos sociales e institucionales distintos a los de otras naciones de la región, lo que hace imperativo que las políticas de seguridad se construyan sobre la base de la realidad nacional.
En este sentido, el ministro aclaró que no existe una negativa cerrada a recibir aportes o recomendaciones externas, pero insistió en que la prioridad es consolidar un modelo que considere las particularidades del país. Un punto fundamental en este diseño es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Velásquez señaló que las actuaciones de las fuerzas de seguridad deben ceñirse a la normativa nacional, la cual obliga a mantener las garantías constitucionales durante la ejecución de operativos y los procesos de combate al crimen. Para el ministro, el cumplimiento de estas garantías no es una decisión personal o discrecional, sino un mandato legal que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben observar con coherencia.
Como parte de esta reestructuración institucional, el ministro confirmó la creación de la Agencia Nacional de Combate contra el Crimen (ANC). Esta nueva instancia interinstitucional ha sido diseñada con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada mediante la integración de diversas capacidades del Estado. La ANC coordinará esfuerzos entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Policía Militar y diversos organismos de inteligencia, contando además con el acompañamiento técnico de fiscales y jueces especializados.
Uno de los ejes estratégicos de la ANC será la focalización territorial. Velásquez detalló que la agencia priorizará el despliegue de su fuerza de intervención interinstitucional en aquellas zonas que registran los mayores índices de violencia y actividad criminal. Actualmente, el Gobierno trabaja en la planificación operativa y en la redacción de los protocolos de actuación de esta agencia, cuyo informe inicial será presentado próximamente ante las autoridades competentes. Asimismo, se informó que la designación de quien encabece la Agencia Nacional de Combate contra el Crimen será definida por el presidente de la República en el marco del Consejo de Defensa y Seguridad.
En el ámbito de las investigaciones judiciales, el ministro de Seguridad reveló avances significativos en el caso de la matanza de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Hasta el momento, al menos seis personas han sido plenamente identificadas y se encuentran bajo detención preventiva. Velásquez confirmó que uno de los sospechosos fue capturado en Guatemala tras resultar herido en un enfrentamiento, siendo posteriormente trasladado a Honduras para iniciar su proceso judicial. Otros implicados en este hecho han sido requeridos en calidad de testigos mientras prosiguen las diligencias.
Finalmente, el ministro abordó la situación interna de la Policía Nacional, describiendo la depuración como un proceso permanente. Aseguró que se están registrando bajas diarias de elementos policiales debido a actos de corrupción, faltas administrativas y deficiencias operativas, aunque aclaró que muchos de estos casos no se hacen públicos. Estas investigaciones internas no se limitan a hechos aislados, sino que se extienden a diversas regionales del país, incluyendo ciudades clave como San Pedro Sula y La Ceiba. Velásquez concluyó reiterando que la reforma y el fortalecimiento institucional requieren de una estrategia estructural y tiempo para consolidar un modelo basado en el marco legal y las necesidades reales de Honduras.
