La Universidad de Costa Rica (UCR) ha cuantificado en ¢37,8 millones los daños patrimoniales ocasionados en los edificios administrativos B y C, luego de que un grupo de estudiantes tomara la sede de Rectoría durante un periodo de tres semanas. Esta cifra, aunque considerable, tiene un carácter preliminar y existe la posibilidad de que el monto final aumente significativamente.
La información fue detallada en el documento R-3745-2026, fechado el 26 de mayo de 2026 y firmado por el rector Carlos Araya, quien remitió el informe a Keilor Rojas, director del Consejo Universitario. Según explicó Araya, la valoración económica se fundamenta en inspecciones técnicas, actas notariales levantadas tras la desocupación de los inmuebles y diversas valoraciones previas.
El monto total de ¢37,8 millones se desglosa en tres rubros principales. El primero, relacionado con los costos de daños, mantenimiento y recuperación de los edificios, asciende a ¢21.364.736,99. Dentro de esta partida se incluyen ¢8,3 millones destinados a contratos de pintura, ¢4,7 millones en mano de obra y ¢4,1 millones en mano de obra ordinaria, además de otros gastos derivados directamente de la protesta estudiantil.
El segundo rubro corresponde a los costos extraordinarios de atención de la sección de Seguridad y Tránsito de la UCR, los cuales suman ¢14,2 millones. De esta cantidad, el rector destacó que solo en el pago de horas extras se invirtieron ¢8 millones para gestionar la situación durante la toma.
Finalmente, el Centro de Informática, mediante el oficio CI-495-2026, remitió una valoración económica preliminar sobre la infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y validación de ciberseguridad. Este rubro suma ¢2.322.454, monto que abarca el uso de materiales especializados, recurso humano técnico y las labores necesarias para asegurar y revisar la ciberseguridad de la institución.
A pesar de estas cifras, el rector Carlos Araya advirtió ante el Consejo Universitario que el monto podría elevarse. Al regresar los funcionarios a sus puestos de trabajo, se detectó la desaparición de diversos artículos. El jerarca universitario mencionó que, por ejemplo, en la oficina de Planificación Universitaria se reportó la falta de microondas, ollas arroceras y coffee makers. Asimismo, señaló que en la bodega de Acción Social, ubicada en Rectoría, desaparecieron todos los productos de limpieza que se encontraban almacenados. Por esta razón, se ha solicitado a los funcionarios cuantificar estos costos y verificar sus pertenencias personales.
En cuanto a la recuperación física de las instalaciones, Araya informó que entre este jueves y viernes se publicará en el Sistema de Compras Públicas (Sicop) el proceso de licitación para la reparación de los ventanales, un proceso que podría tardar entre tres y cuatro semanas para su instalación final. El rector subrayó que el personal ha trabajado sin descanso, incluyendo fines de semana, durante las últimas tres semanas para restablecer las condiciones óptimas de la infraestructura.
En el plano administrativo y legal, el Consejo Universitario acordó solicitar al rector la imposición de acciones legales y administrativas contra los estudiantes involucrados en la toma. No obstante, Ilka Treminio, miembro de dicho órgano, instó a que el proceso se lleve a cabo sin excesos ni arbitrariedades. Treminio solicitó que la Defensoría de los Habitantes acompañe la vigilancia del proceso para garantizar los derechos de los estudiantes y pidió una investigación sobre el accionar de algunos funcionarios, debido a denuncias estudiantiles sobre violencia y frases denigrantes durante el conflicto.
En el ámbito judicial, la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José mantiene dos causas abiertas contra personas ignoradas. La primera, bajo el expediente 26-001132-0175-PE, es por el presunto delito de daños (Artículo 288 del Código Penal), que contempla penas de quince días a un año de prisión o multas. La segunda, expediente 26-011433-0042-PE, es por el supuesto delito de coacción (Artículo 193 del Código Penal), sancionado con uno a dos años de prisión o multas de cincuenta a doscientos días.
Finalmente, el rector informó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya realizó diligencias en las oficinas de Seguridad y Tránsito para el secuestro de material audiovisual. Los oficiales ingresaron el viernes 15 de mayo, justo después del desalojo y antes del ingreso del personal institucional, para recabar pruebas. Carlos Araya deberá presentarse la próxima semana ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José para rendir su declaración en calidad de ofendido.
