La prestación de los servicios de salud en el departamento del Valle del Cauca ha sufrido un duro revés que pone en riesgo la estabilidad sanitaria de la región. En un anuncio simultáneo que ha encendido las alarmas de las autoridades y la ciudadanía, dos de las instituciones hospitalarias más relevantes del centro y norte del departamento han confirmado la suspensión de la atención para miles de afiliados. Esta decisión drástica es el resultado de incumplimientos insostenibles en los pagos por parte de las entidades responsables de la financiación.
En primer lugar, la Fundación San José de Buga ha tomado una medida contundente para salvaguardar su operatividad. A través de su comunicado oficial número 004-26, con fecha del 27 de mayo de 2026, la institución informó que, a partir del jueves 28 de mayo de 2026, se ha decretado el cierre total de sus servicios para todos los afiliados de la Nueva EPS. Según lo estipulado en el documento, la única excepción a esta medida es la atención inicial de urgencias, la cual se mantendrá activa para dar cumplimiento a lo establecido por la ley vigente.
Esta decisión implica que la totalidad de las citas médicas, procedimientos quirúrgicos y consultas programadas a partir de la fecha mencionada han quedado completamente cancelados. La gerencia del centro asistencial de Buga fue enfática al aclarar que esta medida no es arbitraria, sino que responde a un grave y sostenido incumplimiento en los pagos. Esta situación financiera ha llegado a un punto crítico que pone en riesgo directo la sostenibilidad y la estabilidad económica de la institución, imposibilitando la continuidad de la prestación de los servicios bajo las condiciones actuales.
La Fundación San José de Buga detalló que, antes de llegar a este extremo, se agotaron todas las instancias posibles. Durante meses, la administración del hospital mantuvo vías de diálogo, buscó procesos de conciliación y exploró diversas soluciones junto con la Nueva EPS y los entes de control correspondientes. Lamentablemente, estas gestiones no arrojaron los resultados esperados, lo que derivó en una situación que hoy afecta de manera directa a cerca de 90.000 usuarios y a sus familias en la región.
En el comunicado oficial, la institución expresó la dificultad emocional y profesional de tomar tal determinación: “La Fundación San José de Buga informa a la opinión pública, usuarios y medios de comunicación que, debido al grave y sostenido incumplimiento en los pagos por parte de Nueva EPS, la institución se ha visto obligada a tomar una decisión profundamente dolorosa”.
De manera paralela, el panorama es igualmente preocupante en el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo. Este centro asistencial ha lanzado una alerta dirigida específicamente a los docentes y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Mediante un comunicado conjunto emitido con el propio FOMAG, el hospital notificó la obligación de suspender de manera inmediata los servicios de salud para los usuarios pertenecientes a este régimen.
Las directivas del hospital de Roldanillo fundamentaron esta restricción en dos razones principales: el incumplimiento sistemático en los pagos y la falta de firma del contrato por parte de la entidad prestadora. Esta ausencia de un marco contractual formal, sumada a la falta de flujo financiero, ha hecho inviable la atención de los pacientes del régimen docente.
Asimismo, la institución advirtió que la medida de suspensión se mantendrá de forma indefinida. El restablecimiento de las actividades queda condicionado a que se alcance un acuerdo formal entre las partes o a que se subsane por completo la situación de los pagos pendientes. El Hospital San Antonio de Roldanillo se comprometió a mantener informada a la comunidad a través de sus canales oficiales una vez se encuentre una solución viable.
Este escenario refleja una crisis profunda en el sistema de salud del Valle del Cauca, donde la falta de flujo de recursos desde las entidades pagadoras hacia los centros prestadores está dejando a miles de ciudadanos sin acceso a servicios básicos y especializados, trasladando la carga administrativa y financiera directamente al paciente.
