La causa judicial que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de 90 pacientes, ha entrado en una etapa crítica que pone bajo análisis exhaustivo el funcionamiento de los principales organismos de control del Estado argentino. El juzgado federal de La Plata, liderado por el juez Ernesto Kreplak, se encuentra a la espera de un dictamen fundamental que deberá ser presentado por la fiscal María Laura Roteta. Dicho documento definirá el impulso de la acción penal contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se espera que este avance procesal se concrete tras la finalización de la feria judicial, a partir del 31 de julio.
Hasta el momento, la investigación ha resultado en el procesamiento de 13 personas. Entre los imputados se encuentran figuras centrales de la estructura productiva, específicamente Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, quien fue procesado junto a uno de sus hermanos y su madre. No obstante, la segunda etapa de la pesquisa ha desplazado el foco hacia las entidades regulatorias bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Según las evidencias recolectadas, tanto la ANMAT como el INAME habrían incurrido en omisiones graves y demoras administrativas que facilitaron la circulación de medicamentos que no cumplían con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.
En cuanto a la gestión de los organismos, el expediente detalla que el INAME estuvo dirigido por Gabriela Mantecón Fumado, quien fue apartada preventivamente de su cargo el 21 de agosto de 2025. Esta medida fue tomada inmediatamente después de la detención de García Furfaro, motivada por la lentitud en la toma de decisiones ante los desvíos de calidad detectados en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Por su parte, la ANMAT estuvo encabezada hasta enero de este año por Agustina Nélida Bisio. Aunque la funcionaria alegó razones personales en su renuncia, fuentes oficiales han vinculado su salida al desgaste político y administrativo provocado por el escándalo del fentanilo.
La gravedad de las deficiencias estatales ha sido subrayada en el expediente judicial. En un dictamen emitido el 21 de mayo de 2025, la Fiscalía calificó como “insuficiente” la información proporcionada por la ANMAT y advirtió sobre la ineficacia de sus acciones regulatorias durante los procesos de producción y distribución del anestésico. En concordancia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes, mantenida a lo largo del tiempo, expuso a la población a una situación de riesgo inadmisible.
Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscal Roteta fue la inacción de la ANMAT tras recibir reportes sobre un brote de contaminación bacteriana. La fiscal subrayó que la información comunicada por el juzgado sobre el retiro efectivo de los medicamentos comprometidos resultó escasa y a todas luces insuficiente. Debido a esta falla, la fiscalía solicitó que se notifique a los funcionarios sobre las posibles consecuencias penales derivadas del incumplimiento de las órdenes judiciales de retiro de los productos. De hecho, la causa documenta un hecho alarmante: fue el propio juzgado, y no la autoridad de control sanitaria, quien tuvo que coordinar el retiro de las partidas de fentanilo adulterado en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país.
El juez Kreplak, en su resolución de procesamiento, incluyó hallazgos que demuestran una falta total de seguimiento por parte de la ANMAT y el INAME para verificar si los laboratorios habían subsanado las irregularidades ya detectadas. Entre las fallas documentadas desde 2018 se encuentran la elaboración de fármacos en áreas no habilitadas, el uso de envases plásticos no autorizados y la ausencia de documentación técnica obligatoria.
A pesar de que la ANMAT había prohibido el uso de ciertos lotes y áreas, condicionando su rehabilitación a nuevas inspecciones, el expediente revela que no consta la subsanación de tales falencias ni se ejecutó una clausura efectiva. La inhibición de las actividades productivas se dictó recién mediante la disposición 3158/2025, una medida que llegó después de que el Hospital Italiano de La Plata notificara las primeras muertes.
Actualmente, mientras la segunda instancia judicial resuelve las apelaciones de los 13 procesados, el juzgado federal de La Plata y la Fiscalía continúan avanzando en la identificación de los responsables, ya sea por acción directa u omisión, en lo que se ha calificado como la mayor masacre sanitaria del país.
