Colombia se prepara para definir su rumbo político en las elecciones de este domingo. De acuerdo con las encuestas más recientes, el senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia se perfilan como los candidatos con mayores probabilidades de avanzar a la segunda vuelta electoral, programada para el 21 de junio. Quien resulte ganador el próximo 7 de agosto heredará un país con contrastes profundos: una reducción en la pobreza y crecimiento económico, frente a una crisis de seguridad persistente y un sistema de salud en estado crítico.
El orden público se ha consolidado como la preocupación primordial de la ciudadanía. Según la encuesta Colombia Opina de Invamer, el 40,8% de los colombianos identifica este rubro como el principal problema del país, una bandera que ha sido impulsada especialmente por los candidatos de derecha. Esta percepción ciudadana coincide con el deterioro de diversos indicadores oficiales. Los informes gubernamentales revelan un incremento en los cultivos de coca, el fortalecimiento de grupos armados y un aumento en delitos como la extorsión y el secuestro.
La violencia letal ha mostrado cifras alarmantes. En 2025, la tasa de homicidios fue la más alta desde 2021, alcanzando las 14.000 víctimas, de las cuales el 93% eran hombres. Los departamentos de Valle del Cauca, Guaviare y San Andrés fueron los más afectados. Según el centro de estudios InsightCrime, Colombia registró una tasa de homicidios superior a la de casi todos los países de América Latina, siendo superada únicamente por Ecuador. A pesar del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, la tasa de homicidios se ha mantenido estable en la última década, situándose cuatro veces por encima del promedio global.
La inseguridad está ligada a disputas territoriales por rentas ilícitas entre el Clan del Golfo, el ELN y diversas disidencias de las FARC. Eventos como el magnicidio del precandidato Miguel Uribe y los atentados simultáneos ocurridos en agosto de 2025 y abril de 2026 evidencian la persistencia de la violencia. La política de "paz total" impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que incluyó negociaciones con estos grupos, no logró frenar la expansión armada; la mayoría de estas mesas de diálogo se levantaron sin acuerdos. Actualmente, el volumen de hombres armados en el país es similar al que se desmovilizó tras el acuerdo de 2016.
En materia de narcotráfico, el país enfrenta un escenario complejo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito reportó que en 2023 las hectáreas de coca alcanzaron un máximo histórico, superando las 252.000 hectáreas. Esto llevó al gobierno de Estados Unidos a descertificar a Colombia, calificando las políticas antidrogas de Petro como "desastrosas e ineficaces". Mientras el presidente Petro cuestionó la metodología de la ONU y destacó que las incautaciones de cocaína en 2025 rozaron el millón de toneladas, la erradicación cayó drásticamente de 103.257 hectáreas en 2021 a solo 8.051 en 2025.
En contraste, los indicadores económicos presentan datos favorables. El DANE informó que la tasa de pobreza monetaria bajó al 31,8% en 2024, la cifra más baja bajo la metodología actual, lo que implica que 3,4 millones de personas salieron de la pobreza. Asimismo, la clase media creció del 28% en 2021 al 34% en 2024. No obstante, la CEPAL advierte que Colombia sigue teniendo una de las tasas de pobreza más altas de la región, superada solo por Honduras en un grupo de 12 países comparables.
La economía creció un 2,6% en 2025, impulsada por el gasto público, el turismo y el comercio. Sin embargo, el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, advierte que este crecimiento no es sostenible debido al déficit primario y al endeudamiento, sugiriendo que un ajuste fiscal futuro podría derivar en una recesión. Por otro lado, el incremento del 23% en el salario mínimo aumentó el poder adquisitivo de millones de trabajadores, aunque economistas alertaron que esto dispararía la inflación, la cual registró en el primer trimestre de 2026 su nivel más alto desde 2023.
Finalmente, el sistema de salud atraviesa una crisis de legitimidad y operatividad. El 72% de los encuestados por Invamer considera que la salud debe ser la prioridad del próximo presidente. A pesar de una cobertura del 95%, las quejas contra las EPS aumentaron un 27% entre 2024 y 2025, centrándose en la negación de medicamentos y la falta de citas con especialistas. El gobierno de Petro intervino ocho EPS que suman 20 millones de afiliados, pero la Contraloría ha señalado que estas entidades presentan un deterioro crítico.
El debate electoral se divide así entre la continuidad representada por Iván Cepeda y la propuesta de cambio de rumbo de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Independientemente del ganador, el nuevo mandatario enfrentará desafíos estructurales en seguridad, salud y sostenibilidad económica que han persistido mucho más allá del actual periodo presidencial.
