El regreso de José Breijo a su residencia en el noreste de Caracas puso fin a una espera de más de dos años, aunque su libertad no ha significado el término de su sufrimiento. El ciudadano de nacionalidad venezolana y uruguaya, de 73 años, se reencontró con un departamento vacío, despojado de sus pertenencias y reducido a la solidaridad de sus vecinos y a la presencia de objetos que no le pertenecen.
La trayectoria de Breijo hacia la libertad estuvo marcada por un proceso judicial complejo. El hombre había sido detenido en 2023 luego de capturar una fotografía de una bandera con inscripciones árabes. Este acto lo condujo a pasar por diversos centros penitenciarios, incluyendo la cárcel de Tocuyito, donde describió haber estado recluido en "los peores calabozos, donde reina la droga". Su excarcelación se produjo recientemente gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía, promulgada en el pasado mes de febrero. No obstante, su situación actual no es de libertad plena, ya que debe cumplir una medida de arresto domiciliario en la vivienda que, durante su ausencia, fue invadida por un funcionario policial vinculado a su propia detención.
La recuperación de su propiedad ocurrió de manera imprevista y abrupta. Según el relato brindado a la agencia EFE, el suceso tuvo lugar durante la madrugada, momento en el que un hombre descrito como “distinguido” se presentó en el edificio mientras Breijo pernoctaba en el pasillo. “Me apartó eso que estaba acá y me dijo: ‘Mira, compañero, las soluciones para estas cuestiones son radicales, tome la llave, este es su apartamento’”, recordó el exdetenido.
A pesar de haber recuperado el acceso a su hogar, donde vivió durante más de dos décadas, el panorama es desolador. Al ingresar, Breijo constató que el departamento había sido vaciado por completo. Actualmente, los únicos muebles presentes en la vivienda —una mesa, un mueble y una heladera— pertenecen al funcionario policial que ocupaba el lugar. El único objeto de descanso que posee es una cama que le fue donada por sus vecinos. Sentado en un viejo sillón, el hombre sentenció: “Aquí no hay nada mío (...) el departamento vacío por completo”.
A la precariedad material se suma un estado de salud crítico. José Breijo padece un edema pulmonar que le provoca una hinchazón persistente en las piernas. Debido a esta condición médica, se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, dependiendo enteramente de la ayuda de una vecina para realizar la limpieza diaria de las vendas que debe utilizar.
En cuanto a su situación diplomática y familiar, el hombre recibió la visita de funcionarios del Consulado de Uruguay, quienes le informaron sobre la existencia de personas interesadas en brindarle apoyo. Sin embargo, Breijo ha enfatizado que sus necesidades más urgentes son la atención médica especializada y la adquisición de un teléfono, ya que se encuentra incomunicado. Ante esta situación, señaló la importancia de la labor periodística: “A mí me salvan ustedes (los medios) que son los que me hacen ver”.
La soledad de Breijo en Venezuela es profunda. No cuenta con familiares directos en el país caribeño; su hijo reside en Buenos Aires y, aunque intentó viajar al enterarse de la detención de su padre, fue el propio Breijo quien le pidió que no lo hiciera, motivado por el temor a que el régimen tomara represalias contra él. Por ello, su sustento diario depende de un círculo de amigos que le suministran alimentos, ropa y medicamentos.
El origen de su detención se remonta a un intento de solventar una emergencia médica. Breijo relató a la agencia AFP que necesitaba 1.500 dólares para costearse un cateterismo y pensó que podría obtener el dinero vendiendo una fotografía de las oficinas de un presunto grupo islamista en la capital, tomada tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás. El comprador citado lo encontró en una panadería; tras pedir un café y mostrar la imagen, el interlocutor procedió a ponerle las esposas.
Este incidente derivó en una imputación por terrorismo, cargo que, según el testimonio de Breijo, ha sido utilizado sistemáticamente para encarcelar tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros. Su caso se suma a una tendencia documentada en Venezuela, donde los presos políticos y sus familiares han sido víctimas del saqueo o la confiscación de sus propiedades por parte de las autoridades durante sus periodos de reclusión o exilio.
