El abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior durante la administración de Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, ha emitido una fuerte crítica respecto a uno de los pilares de la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. El jurista señaló que la oposición debería considerar seriamente recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto, centrándose específicamente en el punto relativo a la invariabilidad tributaria por un periodo de 25 años.
Estas declaraciones fueron realizadas por Correa Sutil en una reciente edición del pódcast "Cómo te lo explico", conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón. Durante la conversación, el experto legal argumentó que existen "razones poderosas" para cuestionar la legalidad de este aspecto de la iniciativa gubernamental, sosteniendo que la medida vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico chileno.
Para el abogado, la implementación de una invariabilidad tributaria extendida en el tiempo es, en esencia, inconstitucional. Según explicó Correa Sutil, el problema radica en que esta disposición limitaría la capacidad de decisión de los futuros Congresos. Al fijar un sistema impositivo por un cuarto de siglo, se estaría privando a los parlamentarios de dentro de 20 años de la facultad de decidir cuál debe ser el impuesto corporativo en el país, basándose en las necesidades y el contexto de ese momento.
"A mí me parece que la invariabilidad es inconstitucional. La invariabilidad implica que tú le restas al futuro Congreso, en 20 años más, los parlamentarios no van a poder decidir cuál es el impuesto corporativo en Chile. Eso no puede ser. Es contrario a la idea de una República democrática", afirmó el jurista con contundencia. Asimismo, remarcó que fijar un sistema impositivo por 25 años no es constitucional y aseguró que, de haber estado en una posición de decisión al respecto, acudiría al Tribunal Constitucional y votaría a favor de declarar la norma como inconstitucional.
Más allá del análisis jurídico, el exmilitante de la Democracia Cristiana también analizó la dinámica política y la tramitación del megaproyecto dentro del Senado. En este sentido, Correa Sutil identificó que el peso político más significativo del gobierno en esta discusión recae en la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según el abogado, la capacidad de introducir modificaciones al proyecto varía dependiendo del interlocutor gubernamental.
El jurista señaló que, si bien realizar cambios es una tarea difícil cuando se trata de negociar directamente con el ministro Quiroz, el proceso se vuelve más sencillo si las gestiones se realizan a través de los ministros políticos, Claudio Alvarado y José García. No obstante, enfatizó que, en última instancia, la decisión final y el cierre de los acuerdos dependen exclusivamente del mandatario, afirmando que "el queque lo va a cortar el Presidente de la República". En este contexto, valoró los esfuerzos de la oposición por intentar eliminar la invariabilidad tributaria, aunque subrayó que será relevante observar la amplitud de los apoyos con los que termine aprobándose la reforma.
Finalmente, Jorge Correa Sutil dedicó una parte de su análisis a cuestionar la acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, perteneciente al Frente Amplio (FA). El abogado calificó esta acción política derechamente como "una torpeza".
Correa Sutil criticó el uso recurrente de las acusaciones constitucionales en el país, señalando que se han excedido en su aplicación "hasta el cansancio" y que, en la práctica, muy pocas de ellas cuentan con una justificación sólida. A juicio del experto, no existen antecedentes suficientes para sostener que el exsecretario de Estado haya incurrido en una infracción constitucional.
El abogado argumentó que, para que el ministro Grau pueda ser acusado, tendría que haberse probado que existió dolo, es decir, que el exministro sabía que estaba proporcionando información falsa. "Acusar en este minuto al ministro Grau sin saber que hubo dolo en esa cuestión. Si el ministro Grau tiene que haber cometido infracción de ley para que lo puedan acusar, entonces tiene que haber sabido que estaba dando una información falsa. ¿Van a probar eso? No lo van a probar", concluyó Correa Sutil.
