Desde el pasado lunes 25 de mayo, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) ha liderado un paro agrario nacional de carácter indefinido, una medida de fuerza que ha provocado la paralización de corredores viales estratégicos en diversas regiones del país. Las movilizaciones han afectado severamente la transitabilidad en zonas como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, motivadas por una serie de exigencias que, según los trabajadores del sector, no han sido atendidas por el Poder Ejecutivo.
La medida de fuerza ha movilizado a cerca de 20,000 productores, principalmente arroceros, bananeros y cañicultores, quienes han bloqueado tramos críticos de la Panamericana Norte y otras rutas clave. El núcleo de las protestas radica en la sostenida caída del precio del arroz en el mercado y la demanda de precios justos para el productor. Los agricultores denuncian que han enfrentado dos años consecutivos de precios a la baja sin que el Gobierno haya implementado soluciones efectivas, sumado al incremento en el costo de los insumos básicos. Entre sus pedidos principales se encuentra la declaratoria de emergencia del sector agropecuario.
Ante el incremento de la presión social y los bloqueos, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a una reunión de alto nivel en Lima para el miércoles 27 de mayo. El objetivo fue reunir a los gobernadores de las regiones más impactadas y a representantes de los gremios arroceros para buscar una salida a la crisis. Como resultado de estas gestiones, el Gobierno anunció medidas económicas inmediatas para evitar que las protestas se radicalicen. Estas incluyen la compra de arroz nacional por un monto de 100 millones de soles y la asignación de otros 50 millones de soles destinados a trabajos de mantenimiento y descolmatación de canales de riego.
Sin embargo, la reunión convocada por la PCM mostró signos de fragilidad. De los seis gobernadores regionales invitados, solo cuatro asistieron a la cita programada para las 4:00 p.m.: Jorge Luis Pérez Flores (Lambayeque), Antonio Leonidas Pulgar Lucas (Huánuco), Luis Ernesto Neyra León (Piura) y Avelina Palacios (Tumbes). Asimismo, la representatividad de los gremios arroceros fue mínima, contando con la presencia de un solo representante. La gobernadora de Tumbes, Avelina Palacios, subrayó que su rol y el de los demás asistentes fue el de mediadores para trasladar demandas específicas, tales como la revisión de los tratados de libre comercio, el ajuste de aranceles al arroz importado, el combate al ingreso informal de grano por las fronteras y la revisión del precio pagado al productor.
El impacto operativo del paro ha sido crítico en el norte del país. En Tumbes, se ha reportado un alza inmediata en los precios de productos básicos y decenas de pasajeros han quedado varados debido al bloqueo de las vías que conectan con Piura. Especial atención ha recibido el puente Simón Rodríguez, el único acceso vial que permanecía abierto entre Tumbes y Piura, el cual fue tomado por productores de Amotape, Vichayal y Miramar. Según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran), el paro afecta 13 puntos viales en nueve regiones, con más de 14,000 agricultores movilizados solo en la región Piura.
En la región Ucayali, la carretera Federico Basadre permanece bloqueada a la altura del kilómetro 31, punto neurálgico de acceso a Pucallpa y la puerta de entrada al oriente peruano. Aunque los manifestantes han permitido el paso temporal de algunos vehículos mediante el uso de tractores forestales y cosechadoras, mantienen firmes sus demandas. En esta zona, los agricultores han criticado duramente la Ley de Arroz Fortificado, aprobada por la Comisión Agraria del Congreso bajo la presidencia de la congresista Jeny López Morales (Fuerza Popular), argumentando que el agricultor de campo carece de la tecnología necesaria para producir dicho grano.
La continuidad de las protestas parece asegurada a corto plazo. Macario Silva, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, ha sido enfático al señalar que el paro seguirá vigente hasta que el Ejecutivo publique y firme el decreto de urgencia anunciado. Silva aclaró que los anuncios de la PCM no son suficientes para suspender los bloqueos y que la decisión final dependerá de la evaluación del contenido de la norma por parte de los usuarios y agricultores. En una postura más radical, productores de Piura, representados en declaraciones de José Pingo Bayona, anunciaron que no enviarían delegaciones a las reuniones con el Gobierno.
El conflicto ha trascendido lo económico para afectar otros procesos estatales. Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, advirtió que los bloqueos ponen en riesgo el traslado por carretera del material electoral destinado a la segunda vuelta del 7 de junio, aunque aseguró que el objetivo es que llegue a todos los locales antes del domingo a medianoche.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo ha mantenido una supervisión constante en Piura, donde se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional, resultando en personas heridas. La institución ha desplegado equipos en el caserío de San Antonio, en el distrito de Cura Mori, para verificar la atención de los lesionados. El malestar persiste entre los productores, como Pedro Pablo Benítez, quien señaló que los costos de producción, incluyendo la maquinaria, la tarifa del agua y los fertilizantes, superan actualmente el precio de venta del producto.
