La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, compareció este miércoles 27 de mayo ante la sede de la Procuraduría General de la República en la capital mexicana. El motivo de su declaración está vinculado a una compleja operación antidrogas llevada a cabo en el norte del país, un caso que ha escalado hasta convertirse en un punto de fricción política entre el gobierno estatal y la administración federal.
El origen de esta situación jurídica se remonta al pasado 19 de abril, fecha en la que se registró un accidente de tránsito en la jurisdicción de Chihuahua. En dicho siniestro perdieron la vida dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense, la CIA, quienes se encontraban en territorio mexicano participando en una operación orientada al combate del narcotráfico. Tras este incidente, se inició una serie de investigaciones para esclarecer las circunstancias de la presencia de los agentes extranjeros en la zona y el desarrollo de sus actividades.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura firme sobre la soberanía y las competencias jurisdiccionales. La mandataria recordó que la lucha contra el tráfico de drogas es una competencia que corresponde exclusivamente al gobierno federal. Asimismo, Sheinbaum señaló que los agentes de la CIA involucrados en el operativo no habían notificado su presencia en el país, incumpliendo así los protocolos establecidos en los acuerdos de colaboración vigentes entre el gobierno de México y los Estados Unidos de América.
Por su parte, María Eugenia Campos, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) y se posiciona como una figura de oposición al gobierno actual, utilizó su comparecencia para denunciar lo que considera un uso instrumental de la justicia. La gobernadora afirmó que está siendo víctima de una persecución política debido a su postura opositora, asegurando que el gobierno federal la persigue utilizando "todo el peso del aparato del Estado".
Campos contrastó su situación legal con la de otros actores políticos pertenecientes al partido en el poder. Según la gobernadora, mientras que ella enfrenta presiones y procesos judiciales por la presencia de agentes extranjeros en su estado, otros políticos gubernistas que han sido señalados por el gobierno de los Estados Unidos por mantener vínculos con el crimen organizado gozan de una "impunidad absoluta".
Esta denuncia de la gobernadora de Chihuahua se produce en un contexto de alta tensión diplomática y judicial. A finales de abril, la Justicia de los Estados Unidos solicitó la captura con fines de extradición de diez políticos pertenecientes al partido gubernista. Entre los señalados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, quienes están acusados de mantener vínculos con la organización criminal liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La situación pone de relieve la profunda división política en México, donde un caso derivado de un accidente vial y una operación de inteligencia extranjera se ha transformado en un campo de batalla ideológico. Mientras la presidencia enfatiza el respeto a la ley y la notificación obligatoria de operativos extranjeros, la gobernadora de Chihuahua denuncia un doble rasero en la aplicación de la justicia, sugiriendo que la ley se aplica con rigor contra la oposición mientras que los aliados del gobierno federal evitan las consecuencias de graves acusaciones internacionales.
El testimonio de María Eugenia Campos ante la Procuraduría General marca un paso procesal importante en el caso de los agentes de la CIA, pero también intensifica la narrativa de confrontación entre el estado de Chihuahua y el gobierno central encabezado por Claudia Sheinbaum. La disputa no solo abarca la legalidad de las operaciones antidrogas en suelo mexicano, sino que cuestiona la equidad en el tratamiento judicial de los funcionarios públicos dependiendo de su filiación partidista.
