La magistrada Luz Pacheco ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Tribunal Constitucional (TC), el máximo organismo encargado de la interpretación de la Constitución en el país. A través de un comunicado oficial, la funcionaria informó que, si bien deja la conducción administrativa de la institución, se mantendrá en sus funciones como magistrada del tribunal, asegurando que su permanencia en la presidencia se extenderá únicamente hasta el cierre del mes de mayo, específicamente hasta el día 31.
La decisión de Pacheco Zerga no ha sido fortuita, sino que responde a una crisis de confianza interna relacionada con la gestión administrativa del ente constitucional. Según detalló en su comunicado, el motivo central de su salida es la permanencia de un funcionario de alta dirección en quien ella ya no deposita su confianza. La magistrada señaló que la gestión de dicho funcionario es fundamental para la adecuada conducción administrativa de la institución, lo que convierte su permanencia en un punto crítico para su gestión.
Pacheco explicó que su pérdida de confianza en el mencionado funcionario se originó el año pasado, momento desde el cual propuso formalmente su retiro del cargo. No obstante, su petición fue rechazada por una mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes decidieron mantener la confianza en el funcionario de alta dirección. Ante la negativa de sus colegas de atender esta solicitud o aceptar el apartamiento del servidor, la presidenta determinó que no podía continuar al frente de la institución, fijando la fecha límite de su gestión para el 31 de mayo.
En el mismo comunicado, la magistrada se tomó el tiempo de desmentir versiones que sugerían que su renuncia estaba vinculada a problemas personales o de salud. Luz Pacheco fue enfática al rechazar que su salida obedezca a motivos sanitarios o de cualquier otra índole, subrayando además que este paso no implica un alejamiento total del Tribunal Constitucional, ya que seguirá ejerciendo sus labores como magistrada.
Tras el anuncio de la renuncia, la estructura jerárquica del TC indica que Helder Domínguez Haro, quien desempeña el cargo de vicepresidente, sería el encargado de asumir la presidencia de la institución. Sobre este proceso, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, comentó en conversación con RPP que la magistrada Pacheco está plenamente facultada para renunciar, ya que tanto la ley orgánica como el reglamento interno contemplan los mecanismos legales necesarios para que un magistrado deje el cargo de presidente. Urviola aclaró que, aunque desconocía las razones específicas invocadas por Pacheco, el procedimiento es legalmente viable.
Sin embargo, la salida de Luz Pacheco de la presidencia ocurre en un contexto marcado por diversas polémicas relacionadas con las sentencias emitidas durante su mandato. Bajo su gestión, el Tribunal Constitucional ha dictado resoluciones que favorecieron a figuras prominentes del escenario político nacional, generando intensos debates sobre la imparcialidad de los fallos.
Uno de los casos más relevantes fue el relacionado con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. El TC dispuso el archivamiento de la investigación en el caso denominado "Cócteles", que involucraba a Fujimori y a otras 14 personas investigadas por presunto lavado de activos y organización criminal. Esta decisión se tomó con el voto favorable de cinco magistrados, quienes concluyeron que las investigaciones y la acusación sobre los aportes recibidos en las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016 carecían de base jurídica suficiente.
Asimismo, la gestión de Pacheco estuvo marcada por el fallo a favor de Daniel Urresti, vinculado a Podemos Perú. El Tribunal Constitucional anuló la condena impuesta al exministro por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, una resolución que permitió que Urresti recuperara su libertad en pleno periodo de campaña electoral.
Finalmente, el TC también intervino en la situación jurídica del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El tribunal anuló el extremo de la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva que pesaba sobre el exgobernador de Junín, ordenando que el Poder Judicial emitiera un nuevo pronunciamiento. A pesar de que esta resolución terminó favoreciendo a Cerrón, el político se mantiene en la clandestinidad debido a que aún persiste un pedido de prisión preventiva en su contra relacionado con el caso "Dinámicos del Centro".
