El pasado 16 de mayo de 2026 se cumplieron cuatro años de ocupación militar permanente en cuatro provincias de Wallmapu: Bio Bío, Arauco, Malleco y Cautín. Este periodo, regido bajo un estado de excepción constitucional de emergencia decretado originalmente por el presidente Gabriel Boric, representa lo que se ha calificado como una segunda ocupación militar del territorio por parte del Estado chileno.
El historial de los estados de excepción en la zona comenzó bajo la administración de Sebastián Piñera, quien decretó el primero el 12 de octubre de 2021, manteniéndolo hasta el 27 de marzo de 2022. Aunque Gabriel Boric manifestó durante su campaña presidencial su oposición a la intervención militar en un conflicto de naturaleza política, poco más de un mes y medio después de asumir el mando, cedió a las presiones de gremios empresariales y del sector camionero, decretando un nuevo estado de excepción para las mismas cuatro provincias.
A la fecha, se contabilizan 1.468 días de despliegue militar, con la presencia de 1.500 efectivos de las tres ramas de las fuerzas armadas, sumados al personal de ambas policías. Las cifras operativas revelan más de 700 mil controles de identidad y la instalación de 15 bases militares adelantadas. En términos económicos, el costo de mantener este estado de emergencia asciende a casi 30 mil millones de pesos, lo que representa un gasto diario de 20 millones de pesos.
Este despliegue ha sido acompañado por un marco jurídico punitivo compuesto por más de 70 leyes represivas implementadas bajo el argumento de la seguridad. Como resultado, se registra la existencia de más de un centenar de presos políticos mapuche en diversas cárceles del Estado. No obstante, informes de Carabineros de Chile indican que ha habido una disminución de casi el 80 por ciento en las acciones de violencia política en comparación con el año 2021, periodo en el que se reportó la mayor cantidad de sabotajes.
Desde una perspectiva histórica, este estado de emergencia es el más largo en la historia de Chile. El conflicto territorial tiene sus raíces en la denominada «Pacificación de la Araucanía» del siglo XIX, proceso que implicó el genocidio del pueblo Mapuche y la pérdida del 95% del territorio reconocido por el Estado chileno en el parlamento de Tapihue de 1825. El retorno de los militares como protagonistas tras 140 años sugiere que el Estado no ha logrado gestionar el conflicto bajo los marcos del estado de derecho, recurriendo nuevamente a la coerción para frenar procesos de autodeterminación, control territorial y recuperación de tierras.
La continuidad de esta política ha trascendido las coaliciones gubernamentales, contando con el apoyo mayoritario del Congreso Nacional. Desde los gobiernos de Piñera y Boric hasta el actual mandato de José Antonio Kast, la clase política ha ratificado la prórroga del estado de excepción.
Un ejemplo crítico de esta continuidad es la situación de la comunidad Temucuicui. Recientes allanamientos, ordenados por el Ministerio Público bajo la estrategia del gobierno de Kast, utilizaron camionetas blindadas y un helicóptero dron de siete mil millones de pesos adquiridos durante la administración de Boric. Los operativos fueron ejecutados por la Fuerza Especial de Tarea (Comando Jungla), creada bajo el gobierno de Piñera. Asimismo, la base desde la cual operan estas fuerzas fue inaugurada en 2016 bajo la administración de Michelle Bachelet, transformando un antiguo recinto educacional en la base policial-militar más grande de Wallmapu.
El costo humano de esta escalada represiva se refleja en la muerte de diversos pu Weichafe. El registro incluye a Alex Lemun (2002), Matías Catrileo Quezada, Camilo Catrillanca y Yordan Yempi, este último asesinado por tropas de infantería de marina durante el primer estado de emergencia de Piñera. Recientemente, se sumó la muerte del Weichafe Alex Quinchanao, asesinado por un camionero forestal.
En cuanto a la estrategia de seguridad, se ha implementado el denominado «derecho penal del enemigo», facilitando la prisión preventiva anticipada y condenas basadas en pruebas indiciarias. Bajo el gobierno de Boric, se registraron 570 condenas y 530 querellas, incluyendo el uso de la ley Antiterrorista, leyes de usurpación, hurto y robo de madera, la ley contra el crimen organizado y la ley Naín Retamal.
Finalmente, el actual gobierno, a través del ministro de Defensa Fernando Barros, mantiene un plan hermético para asegurar que no existan territorios excluidos de la autoridad estatal. En este contexto se enmarca la «Operación Tridente» del 19 de mayo, que resultó en el allanamiento a la casa del Werken Jorge Huenchullan Cayul en Temucuicui.
