Un reciente estudio conjunto entre el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), organismo estatal, y el Fórum Brasileiro de Seguridad Pública, ha revelado una realidad contradictoria en el panorama de la seguridad pública de Brasil. Si bien las cifras globales de violencia letal muestran una tendencia a la baja, los datos detallados exponen que esta reducción no es homogénea y que los sectores más vulnerables de la sociedad continúan siendo las principales víctimas de la violencia.
Durante el periodo analizado, se contabilizaron 42.590 homicidios en todo el territorio brasileño, lo que representa una tasa de 20,1 casos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra supone una caída del 7,4 por ciento en comparación con el año 2023. Sin embargo, el informe advierte que esta disminución general convive con un escenario crítico donde jóvenes, mujeres y, muy especialmente, la población negra, siguen estando expuestos a niveles alarmantes de violencia letal.
La brecha racial se presenta como uno de los puntos más preocupantes de la investigación. En 2024, la población afrodescendiente fue la más afectada, con 32.820 personas negras asesinadas, lo que equivale al 77 por ciento del total de víctimas en el país. La disparidad es aún más evidente al analizar las tasas: el riesgo de morir asesinado para un ciudadano negro es 2,7 veces mayor que para otros grupos, resultando en una tasa de homicidios un 170,3 por ciento superior. Esta vulnerabilidad es especialmente aguda en los estados de Amapá, Alagoas, Pernambuco y Bahía.
El análisis histórico refuerza esta tesis de desigualdad estructural. Al observar la última década, se identifica que, aunque la violencia disminuyó en términos generales, el beneficio de esta reducción fue desigual. Mientras que los homicidios en la población no negra cayeron un 38,9 por ciento desde 2014, entre la población negra la reducción fue significativamente menor, situándose en apenas 21,7 puntos porcentuales.
La juventud brasileña sigue siendo el blanco predilecto de la violencia. El Atlas de la seguridad revela que, entre 2014 y 2024, más de 301 mil personas de entre 15 y 29 años perdieron la vida, lo que arroja un promedio devastador de 75 muertes diarias durante esa década. Solo en 2024, murieron 19.801 jóvenes, de los cuales 18.545 eran hombres. El informe subraya que la violencia juvenil es predominantemente masculina y está íntimamente ligada al uso de armas de fuego, las cuales fueron utilizadas en más del 84 por ciento de los homicidios de adolescentes entre 15 y 19 años.
En cuanto a las mujeres, el informe registra un dato positivo: Brasil alcanzó en 2024 la tasa más baja de homicidios femeninos desde que se inició la serie histórica, con un total de 3.642 asesinatos. No obstante, los investigadores lanzan una advertencia crucial: la violencia dentro del hogar permanece prácticamente estable. Esto indica que los feminicidios no han seguido la tendencia descendente de otros crímenes violentos. Además, la interseccionalidad de género y raza persiste, ya que la tasa de homicidios entre mujeres negras fue un 66,7 por ciento superior a la de las mujeres no negras.
El estudio también pone el foco en otros grupos vulnerabilizados. Se ha identificado un aumento en las agresiones contra personas indígenas, ancianos, personas con discapacidad y la población LGBTQIAPN+. Específicamente, crecieron las notificaciones de violencia contra travestis, transexuales, bisexuales y homosexuales. El caso de los pueblos indígenas es particularmente grave en los estados de Amazonas y Bahía; en Amazonas, los homicidios indígenas pasaron de 36 casos en 2023 a 73 en 2024, un incremento superior al 120 por ciento.
Otro fenómeno que genera honda preocupación entre los investigadores es el auge de los llamados “homicidios ocultos”, aquellos casos que se registran oficialmente como muertes violentas de causa indeterminada. Este indicador creció un 88,6 por ciento entre 2023 y 2024, lo que sugiere un posible subregistro de la violencia letal que podría estar sesgando las estadísticas y limitando la efectividad de las políticas públicas de seguridad.
Geográficamente, la violencia se concentra en el Nordeste, región que alberga 17 de los 20 municipios más violentos del país. El ranking nacional de tasas de homicidio es encabezado por Maranguape (Ceará), con 87,2 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Jequié (Bahía) con 79,4 y Maracanaú (Ceará) con 74,1. El estado de Bahía es el más crítico, concentrando 10 de las 20 ciudades más violentas, mientras que Ceará suma cinco.
Los investigadores atribuyen este mapa de violencia a la expansión de facciones criminales, los conflictos territoriales y la fragilidad estructural de la seguridad pública en el Norte y Nordeste, donde hay una menor capacidad institucional para investigar crímenes y alimentar los sistemas de información. En contraposición, las 20 ciudades menos violentas se ubican exclusivamente en el Sur y Sudeste, zonas con mayor urbanización, envejecimiento poblacional y estructuras estatales más robustas, destacando los estados de Santa Catarina, São Paulo y el Distrito Federal, aunque incluso allí persiste la desigualdad racial.
