La administración de la Gobernación de Quetzaltenango atraviesa una severa crisis de legitimidad debido a los antecedentes legales y financieros de Walter Estuardo López Zamora, quien se desempeña como el principal asesor técnico de la gobernadora Bibiana Ramírez en asuntos relacionados con el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede). Mientras que el partido Movimiento Semilla ha centrado su discurso oficial en la transparencia y el combate a las prácticas de la política tradicional, la permanencia de López Zamora en un cargo de alta influencia contradice estas premisas.
De acuerdo con documentos oficiales del Sistema de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC), obtenidos por La Prensa de Occidente, López Zamora mantiene un historial activo que incluye una denuncia penal por un monto de Q720 mil y un juicio de cuentas que supera los medio millón de quetzales. En total, el saldo pendiente que el funcionario adeuda al erario público asciende a Q1 millón 296 mil 799.95. A pesar de estos señalamientos y de los procesos judiciales activos, el asesor continúa ejerciendo sus funciones y manteniendo una influencia directa sobre la ejecución de obra pública en los 24 municipios del departamento.
El historial de López Zamora se remonta a su gestión como director ejecutivo y jefe administrativo financiero del Codede de Quetzaltenango durante la administración del Partido Patriota, periodo en el cual la gobernadora era Dora Alcahe de Lang, madre de Gustavo Lang. Además de los procesos judiciales por el millón doscientos mil quetzales, el asesor registra un acumulado de 17 sanciones pecuniarias consecutivas impuestas por la CGC entre los años 2015 y 2018. Estas multas, que varían entre los Q2,565.25 y los Q20,522.00, fueron derivadas de incumplimientos a las normativas de control del gasto público establecidas en los Decretos 13-2013 y 31-2002. Las auditorías de aquel entonces detectaron irregularidades tales como la ausencia de actas de recepción en proyectos de infraestructura y traslados de anticipos sin contar con las fianzas completas.
La inquietud de la ciudadanía y de diversos sectores sociales se intensificó tras revelarse que, el 20 de abril de 2026, la gobernadora Bibiana Ramírez remitió un oficio directo a los supervisores del Codede. En dicho documento, la funcionaria solicitaba un informe detallado que incluyera nombres, códigos de inversión y números telefónicos de todas las empresas constructoras encargadas de ejecutar obra pública en el departamento. Analistas locales han advertido que este proceder rompe la cadena institucional al establecer un contacto directo con los contratistas. No obstante, fuentes internas de la Gobernación han asegurado que esta instrucción fue impulsada por el asesor Walter Estuardo López Zamora, quien actualmente supervisa los aportes a las constructoras y toma decisiones fundamentales dentro del Codede, entidad que administra más de Q905 millones en el presente ejercicio fiscal.
En el plano político, la situación se complica con las aspiraciones de Gustavo Lang, quien estaría vinculado a una candidatura por el partido Servir. Según reportes, Lang habría manifestado su intención de obtener el control total de Quetzaltenango en un escenario donde Carlos Pineda llegue a la presidencia y él al Congreso de la República, pretendiendo posicionarse como un «Miguelito 2.0». Esta posibilidad ha llevado a analistas políticos locales a sugerir la existencia de un pacto entre las viejas estructuras del Partido Patriota y nuevos actores políticos que, aunque se presentan como una alternativa de cambio, mantienen las mismas prácticas administrativas.
Al respecto, un analista que solicitó reserva de su identidad calificó la situación como "la misma vieja política con vestimenta nueva", señalando que es una contradicción evidente que un movimiento con discurso anticorrupción mantenga a un asesor con denuncias penales y cuentas pendientes con la CGC.
Este escenario revive los recuerdos de la corrupción estructural en el departamento. En 2016, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desmantelaron una red criminal en la alcaldía de Quetzaltenango mediante 48 allanamientos y 22 órdenes de captura. Aquella investigación reveló la adjudicación fraudulenta de 122 contratos municipales, donde se llegaba a cobrar hasta un 40% del valor del contrato en sobornos.
Hasta el momento, la gobernadora Bibiana Ramírez no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los cargos contra su asesor. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas no ha precisado si los casos han prescrito, mientras que el Ministerio Público mantiene bajo reserva la investigación de la denuncia penal D-0024-2015. Ante esto, organizaciones sociales como Xela Despierta y el Observatorio Ciudadano de Occidente han exigido la destitución inmediata de López Zamora y una auditoría extraordinaria a los contratos del Codede, anunciando la presentación de un amparo para obtener información detallada sobre los procesos de contratación.
