El escenario político y judicial de la provincia se encuentra en alerta tras las declaraciones del expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, quien manifestó un fuerte rechazo hacia el proyecto de reforma previsional remitido por el Poder Ejecutivo al Senado. La iniciativa, que tomará estado parlamentario en el transcurso de esta semana, ha generado una profunda controversia debido a lo que el exlegislador provincial del Partido Justicialista (PJ) califica como una peligrosa delegación de facultades.
El punto central de la discordia radica en el artículo 3° de la propuesta gubernamental. Según explicó Castrillón, este apartado autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que considere necesarias con el objetivo de resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional. Esta cláusula faculta al Gobierno a establecer aportes y contribuciones, ya sea con carácter solidario o excepcional y por un plazo determinado. Dichas cargas recaerían sobre los afiliados activos o pasivos, sus empleadores, y los beneficiarios de pensiones, jubilaciones o beneficios otorgados tanto por el Poder Ejecutivo como por la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Además de la creación de estos aportes extraordinarios, el proyecto contempla la implementación de límites máximos al monto de los beneficios que superen los 15 haberes mínimos. Esta medida, sumada a la facultad de imponer contribuciones adicionales, fue calificada por Castrillón como "inconstitucional", argumentando que se vulneran principios fundamentales del derecho.
En el marco de sus críticas, el exfuncionario no omitió señalar la postura de José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Castrillón, refiriéndose a él como "mi amigo", cuestionó la posición de Allende respecto a la iniciativa oficial, reiterando que habilitar al Ejecutivo para establecer aportes y contribuciones solidarios carece de sustento constitucional.
La indignación del exmagistrado se intensificó al analizar el impacto directo sobre el sector judicial. "No se puede votar esa barbaridad de descontarnos a los judiciales los aportes extraordinarios y querer robarnos un 7% más y desengancharme los acuerdos salariales con las disposiciones en materia de ingreso que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sentenció. En este sentido, calificó la medida como "totalmente ilegal" y cuestionó la lógica detrás de este ajuste, preguntándose por qué se debería castigar a quienes cumplieron con sus obligaciones previsionales.
Castrillón enfatizó su trayectoria profesional y sus aportes al sistema para subrayar la injusticia de la medida. El abogado recordó que durante 20 años realizó sus aportes como legislador y durante otros 16 años lo hizo como vocal del Superior Tribunal de Justicia. Bajo esta premisa, sostuvo que no puede establecerse un régimen de castigo contra quienes han contribuido correctamente durante décadas. "No le robé a nadie. Es manifiestamente un robo y confiscación, generando un régimen especial so pretexto de emergencia", subrayó el expresidente del STJ.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de generar un clima de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Castrillón señaló que la justicia ha mantenido una postura complaciente hasta el momento, pero sugirió que este tipo de reformas podrían provocar acciones legales en contra de los políticos responsables de tales medidas.
Finalmente, el exlegislador hizo un llamado a los actuales legisladores para que revisen la legalidad del proyecto antes de su votación. Recordó que las leyes previsionales deben ser tratadas bajo la misma óptica que cualquier normativa referida a los derechos humanos, respetando estrictamente los principios de progresividad y no regresividad. Castrillón mencionó que existen innumerables fallos de la Corte Suprema que respaldan estos principios y advirtió que, de no respetarse, la vigencia de la reforma podría ser muy corta debido a su fragilidad jurídica.
