El Ministerio Público ha revelado detalles críticos sobre el financiamiento utilizado por José Ramón Correa para adquirir el 21% de las acciones de Azul Azul, la sociedad concesionaria que administra al club Universidad de Chile. A través de un escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, la fiscalía informó que la operación fue posible gracias a un crédito otorgado por un fondo de inversión constituido en el estado de Delaware, Estados Unidos.
Dicho fondo, denominado Sportscap Credit Fund LLC, es administrado por Patricio Kiblisky, exdueño del club Ñublense, y Jacques Gliksberg, socio del expropietario del Huachipato, Victoriano Cerda. Según los antecedentes presentados por el fiscal Juan Pablo Araya, quien lidera la investigación del denominado "Caso Sartor", el fondo prestó la suma de US$7,5 millones a Correa el 22 de diciembre de 2025. Al sumar los intereses correspondientes, el monto total del préstamo ascendió a los US$7,9 millones.
Este financiamiento permitió que Correa pagara la suma requerida a la familia Schapira en enero de este año, consolidándose así como el segundo máximo accionista de la concesionaria de la "U". El documento fiscal detalla que, como garantía de este crédito, se prendaron las mismas acciones que Correa adquiriría con el dinero. Además, la fiscalía señaló que en los movimientos bancarios de la sociedad Romántico Viajero SpA —vehículo a través del cual Correa recibió el préstamo y ejerce su control en Azul Azul— se detectaron cargos y abonos efectuados a nombre de Sportscap Asesores SpA, que es la entidad creada en Chile por el fondo estadounidense.
Un dato relevante que emerge de la investigación es que Sportscap Credit Fund LLC no es un actor nuevo en el fútbol nacional. El mismo fondo gestionado por Kiblisky y Gliksberg fue el encargado de financiar, en 2024, la compraventa del club Huachipato mediante un préstamo de US$3,6 millones. Este hecho añade un nuevo antecedente a la compleja red de relaciones financieras entre los actuales y antiguos administradores de la Universidad de Chile y el equipo de Talcahuano.
La revelación del Ministerio Público no se limita a Correa. El escrito presentado ante el tribunal también vincula a este mismo fondo con Michael Clark, expresidente de Azul Azul y máximo accionista de la concesionaria. El fiscal Araya expuso que, en febrero pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió un reporte alertando sobre una "operación sospechosa" reportada por el Banco Santander Chile respecto de Bulla SpA, sociedad creada por Michael Clark.
De acuerdo con la UAF, Bulla SpA fue constituida después de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuestionara a Clark por haber adquirido el 63% de Azul Azul sin haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones. El reporte de la UAF indica que Bulla SpA estaría vinculada al financiamiento de empresas cuyos dueños son Kiblisky y Gliksberg, situando a Michael Clark como el beneficiario final. Específicamente, se mencionan abonos por US$18.499.841 provenientes de Sportscap Credit Fund LLC, monto que estaría relacionado con el financiamiento para la adquisición de Azul Azul S.A.
Bulla SpA, sociedad constituida con un capital de 18 mil millones de pesos en febrero de 2025, ha sido el centro de estas sospechas, aunque el escrito de la fiscalía no especifica el destino final de esos fondos ni cómo fueron utilizados exactamente por Clark.
Consultado por CIPER, José Ramón Correa defendió la legitimidad de la operación. El abogado explicó que él mismo contactó a Patricio Kiblisky para solicitar el financiamiento, basándose en que Sportscap es un fondo reconocido por financiar operaciones de fútbol tanto en Chile como en el resto de Sudamérica. Correa aseguró que las condiciones del crédito fueron acordadas directamente con Kiblisky, sin la intervención de terceros, y negó que Michael Clark tuviera conocimiento anticipado sobre la adquisición del 21% de las acciones.
Este complejo entramado financiero se enmarca en el Caso Sartor. El 11 de mayo, Correa había impugnado el allanamiento de las oficinas de Romántico Viajero SpA, donde la PDI incautó su teléfono celular, computador y documentos contables, argumentando que él no era imputado en la causa. Si bien la Corte le dio la razón inicialmente, la fiscalía apeló recientemente, y fue en esa apelación donde el fiscal Araya decidió revelar los detalles sobre el rol de Kiblisky y Gliksberg como financistas.
Finalmente, la investigación recoge el testimonio de Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul, quien ha denunciado la existencia de una concertación entre Michael Clark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky con el objetivo de "extraer valor" de la concesionaria. Pavez detalló transacciones de jugadores entre la Universidad de Chile, Ñublense y Huachipato para respaldar su tesis, calificando como "obscenos" los vínculos y conflictos de interés presentes en este grupo de personas.
