El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó precisiones fundamentales sobre la hoja de ruta económica del Ejecutivo, asegurando categóricamente que los beneficios sociales no serán recortados. En una entrevista concedida a Radio Bío Bío, la autoridad detalló que, si bien se implementarán medidas estrictas de ahorro y eficiencia en el gasto público, el enfoque no estará dirigido a reducir las ayudas destinadas a la ciudadanía, sino a optimizar la gestión del Estado y combatir el fraude en el sistema.
Durante la conversación, el secretario de Estado fue enfático al diferenciar el gasto social necesario del uso indebido de los recursos públicos. Al respecto, Quiroz señaló que existen temas de eficiencia del gasto que serán abordados prioritariamente, haciendo especial hincapié en el "fraude social", el cual describió como un fenómeno "bastante extendido" donde personas que no cumplen con los requisitos técnicos acceden a ayudas estatales.
En este sentido, el ministro fue claro sobre dónde debe recaer la presión del ahorro: “El que tiene que gastar menos no es la gente, es el Estado de Chile. Vamos a controlar la expansión de gasto”, afirmó. Para ilustrar su punto, el ministro utilizó el ejemplo del Crédito con Aval del Estado (CAE), definiéndolo como un beneficio social que debe mantenerse, pero aclarando que no es aceptable que el beneficio consista en no devolver el crédito, especialmente en casos de personas que perciben ingresos superiores a un millón de pesos mensuales.
Estas declaraciones se producen en el marco de la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la nueva administración. Este documento ha puesto al descubierto una situación crítica respecto a la planificación financiera del gobierno del expresidente Gabriel Boric, advirtiendo la existencia de un error significativo en las proyecciones de la deuda pública.
Según explicó el ministro Quiroz, el objetivo principal de la actual gestión es recuperar la credibilidad fiscal del país. Para lograrlo, el Ministerio de Hacienda ha optado por una postura conservadora y apegada a la normativa vigente. En este contexto, el IFP ha ajustado la proyección del déficit para el año 2026. Mientras que la administración anterior había previsto un déficit del 1,8%, el actual análisis técnico indica que la cifra base, sin considerar las medidas correctivas, debería haber sido del 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Quiroz subrayó que esta corrección no es una sorpresa técnica, ya que la ejecución presupuestaria registrada a marzo de este año ya se situaba en el 2,8% del PIB. No obstante, el ministro anunció que, gracias a las medidas correctivas que el Ejecutivo ya está implementando, se busca reducir ese déficit proyectado del 2,9% al 2,4%, cifra que podría verse optimizada con nuevas medidas que serán anunciadas próximamente a través del decreto fiscal. A pesar de estos avances, reconoció que el ajuste al alza de la proyección inicial impone una meta más exigente y aleja los márgenes de maniobra.
El punto más sensible del informe radica en las inconsistencias detectadas en la proyección de la deuda a largo plazo. Tras comparar los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, el equipo técnico de Hacienda descubrió un vacío financiero equivalente a US$ 10.500 millones en la proyección de deuda hacia el año 2030.
En un punto de prensa, el ministro detalló la falla técnica: mientras que las proyecciones de déficit para el periodo 2026-2030 aumentaron en aproximadamente $13,4 billones de pesos, este incremento no se reflejó proporcionalmente en la deuda proyectada, la cual solo creció en $3,8 billones de pesos. Esta brecha de $9,5 billones de pesos provoca que la deuda como porcentaje del PIB se eleve significativamente, pasando de un 42,7% previsto anteriormente a un 46,3% al inicio de la próxima década.
Este nuevo escenario es preocupante para la autoridad, ya que sobrepasa el límite del 45% del PIB, cifra considerada como el "nivel prudente" de endeudamiento para el país. Ante este hallazgo, Jorge Quiroz confirmó que se ha iniciado una investigación administrativa para determinar qué sucedió con la metodología utilizada en las proyecciones anteriores. El ministro señaló que, dependiendo de los resultados de dicha indagatoria, se determinará si el caso se mantiene en la esfera administrativa o si debe derivarse a otras instancias.
Finalmente, el jefe de las finanzas públicas admitió que el camino hacia la estabilización fiscal será complejo, reconociendo que el trabajo por delante se vuelve "más pesado" debido a estas inconsistencias, aunque aseguró que existe un plan ordenado que opera tanto en la reducción del gasto como en la optimización de los ingresos fiscales.
