El entramado productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una situación crítica, marcada por un incremento drástico en la cantidad de empresas que solicitan concursos preventivos. Según un reciente informe elaborado por Industriales Pymes Argentinos (IPA), la apertura de estos procesos se disparó un 130% durante el año 2025, reflejando una degradación acelerada de la economía local en la jurisdicción porteña.
Los datos, basados en registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revelan que en 2025 se contabilizaron 190 aperturas de concursos preventivos. Esta cifra contrasta severamente con los 82 casos registrados en el año 2023, lo que representa un incremento preciso del 131,71%. No obstante, la preocupación de la entidad radica en que la tendencia no se ha detenido, sino que se ha acentuado al ingresar en el nuevo ciclo anual.
De acuerdo con el informe de IPA, la "inercia destructiva" se ha agravado durante el arranque de 2026. En tan solo el primer trimestre judicial de este año —que comprende el periodo entre febrero y abril— ya se han abierto 92 procesos concursales en CABA. Esta cifra es particularmente alarmante, ya que en apenas tres meses se ha alcanzado un volumen de concursos que supera lo registrado en años completos entre 2021 y 2024.
La gravedad del escenario actual se hace evidente al compararlo con el periodo más crítico de la crisis sanitaria global. Durante el año 2020, en el pico de la pandemia, se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis. Esta cifra queda ampliamente superada por los 190 casos del año pasado y por la velocidad con la que se están acumulando las presentaciones en el primer trimestre de 2026, sugiriendo que las empresas concursadas en la capital podrían romper el récord alcanzado durante la pandemia.
Desde Industriales Pymes Argentinos alertaron sobre un "inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero". El documento detalla que la coyuntura empresarial actual es devastadora, registrándose el cierre de 24.437 empresas en el lapso comprendido entre noviembre de 2023 y principios de 2026. Las consecuencias sociales de esta desaparición de unidades productivas se describen como dramáticas, destacando que un total de 327.813 trabajadores han perdido la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
En el ámbito de las inversiones, el informe advierte que la contracción productiva ha desencadenado un proceso grave de desinversión. Esto se ha manifestado a través de una pérdida neta de la inversión extranjera directa en el sector, arrojando un saldo negativo que resulta histórico y sin precedentes, siendo la primera vez en 22 años que ocurre un fenómeno de esta naturaleza. Mientras importantes firmas multinacionales han abandonado el país, las empresas locales han intentado sobrevivir mediante la transformación de su matriz productiva.
La situación patrimonial de las pymes las está empujando hacia un "fatal resultado falencial", lo que ha provocado una pérdida incalculable de capital. El informe resalta que existen bienes de uso inactivos y se ha alcanzado una capacidad ociosa del 40,2%. IPA enfatiza que lo más trágico de este cierre de fábricas es la pérdida de fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, afectando negativamente a todos los stakeholders y al entorno empresarial.
Daniel Rosato, presidente de IPA, manifestó que aunque ya habían alertado sobre el cierre de más de mil Pymes, el ritmo de degradación económica y las presentaciones de concursos preventivos demuestran que el daño es mucho peor de lo previsto. Rosato subrayó que estos datos corresponden únicamente a Capital Federal y que aún restan sumar los registros del resto del país para dimensionar la magnitud real de la crisis.
Ante este escenario, Rosato reclamó una intervención urgente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, calificando la situación de las pymes como una "crisis terminal". Asimismo, exigió al Congreso de la Nación que trate y apruebe de manera inmediata un proyecto de ley de emergencia económica. El objetivo de esta medida sería implementar un remedio paliativo y transitorio que permita a las pymes recuperar capital de trabajo y evitar que el cierre masivo de empresas y los concursos preventivos sigan escalando.
