Un reciente anuncio gubernamental sobre la reducción y exención del pago de contribuciones ha generado un intenso debate en torno a la justicia territorial y el financiamiento de los gobiernos locales. Según un análisis presentado por Isabel Zapata Alegría y Pablo Guzmán Martínez, académicos del Instituto de Estudios Urbanos (IEUT) de la Pontificia Universidad Católica, esta medida, aunque se plantea como un alivio fiscal para los hogares de mayores ingresos, posee efectos estructurales de carácter regresivo.
Los especialistas sostienen que la medida acentúa la desigualdad socioespacial al debilitar la capacidad de los municipios para sostener sus servicios básicos y programas sociales. El punto crítico reside en que los beneficios se concentran en aquellas comunas que poseen un mayor avalúo, mientras que las municipalidades más vulnerables ven mermados sus recursos disponibles, profundizando la brecha entre los diferentes territorios.
Desde una perspectiva técnica, los autores destacan que el sistema de contribuciones es progresivo por naturaleza, dado que solo un 25% de los inmuebles en el país pagan este impuesto. Sin embargo, advierten que la nueva medida desbalancea este sistema al erosionar el Fondo Común Municipal (FCM). De acuerdo con las estimaciones presentadas, la reducción de los pagos generaría una pérdida de US$200 millones, cifra que no es compensada totalmente por el Estado, ya que la compensación estatal alcanza apenas los 130 millones de dólares.
Esta brecha financiera ha provocado que la Asociación Chilena de Municipalidades (ACM) tome una postura crítica, exigiendo una redistribución total de los recursos. La organización ha advertido que la caída en la recaudación tendría consecuencias graves para la gestión de los gobiernos locales, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos en diversas áreas.
Entre los ámbitos esenciales que se verían perjudicados por la baja en los recursos se encuentra la mantención urbana y el aseo, servicios fundamentales para el funcionamiento diario de cualquier comuna. Asimismo, los expertos alertan sobre el riesgo que corre la continuidad de los programas sociales y la asistencia comunitaria, herramientas vitales para el soporte de las poblaciones más desfavorecidas.
La seguridad en los barrios es otro de los puntos críticos mencionados. La reducción de ingresos municipales podría limitar la capacidad de implementar o mantener medidas de vigilancia y prevención del delito. A esto se suma el posible deterioro del cuidado de las áreas verdes y el freno al desarrollo cultural, sectores que, aunque a veces considerados secundarios, son pilares para la cohesión social y el bienestar urbano.
La reflexión de fondo planteada por Zapata Alegría y Guzmán Martínez cuestiona el modelo actual, el cual tiende a concentrar los beneficios en territorios de alto valor fiscal, dejando atrás a las comunas con menos recursos. Para los académicos, es ineludible corregir estas desigualdades territoriales para evitar que la política fiscal se convierta en un factor de fragmentación.
Como propuesta de solución, los docentes de la PUC sugieren establecer un Fondo Común Municipal basado estrictamente en un principio de justicia redistributiva. El objetivo sería asegurar que los beneficios fiscales lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, transformando la política tributaria en un instrumento de equidad y cohesión nacional.
En conclusión, la advertencia de los expertos subraya la tensión entre el alivio fiscal individual para sectores de altos ingresos y la sostenibilidad colectiva de los servicios municipales. La preocupación central radica en que, sin una compensación adecuada y una redistribución justa, el sistema municipal podría enfrentar una crisis de financiamiento que impactaría desproporcionadamente a las zonas más pobres del país.
