El Gobierno de Chile ha ejecutado una nueva operación de control migratorio mediante la concreción de un tercer vuelo de expulsión desde el territorio nacional. Esta medida se enmarca en una serie de acciones acceleradas, siendo este el tercer operativo de similares características realizado en un periodo de apenas 40 días.
En esta ocasión, el operativo permitió el traslado fuera del país de un grupo compuesto por 80 personas, desglosadas en 58 ciudadanos de nacionalidad colombiana y 22 ciudadanos bolivianos. De acuerdo con la información oficial, todos los individuos trasladados mantenían antecedentes penales registrados y contaban con órdenes de expulsión vigentes, lo que justificó su salida forzosa del territorio.
La logística del traslado fue coordinada a través de una aerolínea privada. El plan de vuelo contempló una ruta estratégica que incluyó una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, ubicado en la ciudad de Iquique. Tras este punto de parada, la aeronave se dirigió hacia Bolivia para efectuar las primeras entregas, finalizando el recorrido en Colombia.
Uno de los puntos más destacados de este operativo fue la expulsión de Michael Gonzalez Hoyos, ciudadano colombiano. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que Gonzalez Hoyos es una persona que conmocionó a la opinión pública chilena en el año 2015, fecha en la que cometió el asesinato de una persona. Su salida del país representa la culminación de un proceso legal derivado de sus antecedentes criminales.
En cuanto al balance general del plan migratorio del Ejecutivo durante el año 2026, las cifras oficiales revelan un movimiento significativo de personas. Hasta la fecha, un total de 3.229 individuos han abandonado el territorio nacional. De este grupo global, la gran mayoría lo ha hecho de manera voluntaria, sumando 2.446 personas que optaron por salir del país por cuenta propia.
Complementando estos datos, el Director del Servicio Nacional de Migración y Extranjería, Frank Sauerbaum, detalló que, específicamente en lo que respecta a las medidas forzosas, se han contabilizado 780 personas expulsadas durante el transcurso del presente año 2026.
Desde el ámbito operativo y legal, el Prefecto Inspector de la PDI y Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Ernesto León, proporcionó detalles sobre los protocolos de detención. León explicó que la ley de extranjería vigente faculta a la Policía de Investigaciones para mantener a las personas que se encuentran en proceso de expulsión en sus cuarteles durante un periodo de hasta cinco días. Esta medida tiene como objetivo fundamental permitir que la institución pueda realizar la identificación plena y correcta de los individuos antes de proceder a su traslado definitivo.
Más allá de los operativos actuales, el Gobierno ha manifestado que se encuentra impulsando una reforma integral a la Ley de Migraciones. El objetivo de esta modificación legislativa es optimizar y facilitar los procesos de expulsión de aquellos extranjeros que no cumplan con la normativa legal.
Entre los puntos clave de la reforma propuesta, se destaca la implementación de un sistema de control biométrico para mejorar la fiscalización. Asimismo, se busca establecer la obligación de que todas las entidades estatales reporten y entreguen datos actualizados sobre aquellas personas que no tengan su situación migratoria al día.
Finalmente, la propuesta gubernamental incluye una restricción en el acceso a beneficios sociales para aquellos extranjeros que se encuentren en territorio nacional de manera irregular. Estas medidas buscan fortalecer el control fronterizo y asegurar que el sistema de migración sea coherente con las leyes de seguridad y convivencia del país.
La entrega de estas cifras y los detalles del operativo fueron presentados de manera conjunta por el subsecretario Máximo Pavez, el director Frank Sauerbaum y el prefecto inspector Ernesto León, quienes reafirmaron la continuidad del Plan de Control Migratorio.
