El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha manifestado su postura oficial frente a una reciente resolución emitida por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). El conflicto surge a raíz de una orden impuesta por la Prodhab, mediante la cual se le instruye al organismo electoral solicitar el consentimiento informado de los ciudadanos para la comercialización de sus datos personales biométricos, los cuales son gestionados a través del Sistema de Verificación de Identidad de las Personas (VID).
Esta determinación de la Prodhab no fue un acto aislado, sino el resultado de un proceso legal iniciado en el año 2020. En aquel momento, el abogado Mauricio París Cruz interpuso un reclamo formal ante la Agencia de Protección de Datos. El licenciado París Cruz sostuvo en su denuncia que el Tribunal Supremo de Elecciones estaba comercializando información biométrica sensible de los habitantes, específicamente fotografías y huellas dactilares. Según el reclamo, estos datos estaban siendo transferidos a terceras personas o empresas sin que los propietarios de dicha información hubieran sido debidamente informados ni hubieran otorgado su consentimiento.
Ante esta situación, el TSE ha comunicado que no está de acuerdo con la resolución de la Prodhab y, por lo tanto, procederá a presentar un recurso de revocatoria contra la misma. El organismo electoral fundamenta su defensa en que la información disponible a través de su plataforma de consulta civil web (www.tse.go.cr) posee una naturaleza pública y es de acceso irrestricto. Para respaldar este argumento, el Tribunal citó un criterio previo de la Sala Constitucional, específicamente el voto número 2008-16852 del 7 de noviembre de 2008, donde se ratifica el carácter público de dichos datos.
Uno de los puntos centrales de la controversia radica en la definición de la actividad que realiza el organismo electoral. El TSE ha sido enfático al señalar que el servicio proporcionado por el Sistema de Verificación de Identidad (VID) no constituye una comercialización de datos personales. De acuerdo con la institución, se trata estrictamente de un sistema de verificación. Bajo este modelo, la información biométrica permanece en todo momento bajo el resguardo exclusivo del organismo electoral, asegurando que los datos no sean entregados al contratista que provee el servicio técnico.
Para reforzar su posición, el Tribunal Supremo de Elecciones se apoyó en una opinión jurídica emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el número PGR-OJ-165-2025 con fecha del 16 de octubre de 2025. En dicho documento, la PGR califica como una "premisa equivocada" la suposición de que el sistema de verificación de identidad implica la venta de datos. La Procuraduría aclaró que el mecanismo funciona en realidad como un canal de validación biométrica que requiere la participación activa del ciudadano, subrayando que no existe una transferencia de datos hacia terceros en este proceso.
Finalmente, el organismo electoral alertó sobre las posibles repercusiones negativas que podría generar la cancelación de la inscripción de la base de datos del Registro Civil. Según el TSE, una medida de este tipo acarrearía consecuencias graves debido a la sensible afectación que impactaría a múltiples servicios esenciales en todo el país. Entre los sectores más vulnerables se encuentran los procesos de migración de ciudadanos nacionales y los servicios prestados por el sistema bancario nacional, los cuales dependen de la verificación de identidad para operar de manera segura y eficiente.
