Las autoridades de seguridad en Honduras se encuentran inmersas en una compleja investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el asesinato de cinco agentes de la Policía Nacional el pasado jueves 21 de mayo. El trágico incidente tuvo lugar en la localidad de Corinto, situada en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, una zona estratégica debido a su proximidad con la frontera de Guatemala.
El subcomisionado César Ruiz, quien se desempeña como jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte del país, ha sido el encargado de brindar los detalles sobre los avances del caso. Según informó Ruiz, el operativo que terminó en tragedia fue ejecutado por agentes pertenecientes a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). De acuerdo con los datos recopilados, los uniformados se dirigieron a una vivienda en el sector fronterizo con el objetivo de realizar un allanamiento; sin embargo, un detalle crítico ha surgido en la investigación: los agentes no contaban con la respectiva autorización legal para llevar a cabo dicha acción.
Al llegar al inmueble, los cinco efectivos policiales fueron recibidos a disparos por presuntos delincuentes, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. El saldo de este violento episodio fue devastador, resultando en la muerte inmediata de los cinco miembros de la Dipampco. Además de las bajas policiales, el enfrentamiento dejó otras víctimas civiles. Dos hombres perecieron en el lugar de los hechos, mientras que otros dos resultaron heridos. Las autoridades confirmaron que los cuatro civiles habrían participado activamente en el acto violento contra los agentes.
En cuanto a la identidad de las víctimas civiles, se ha informado que Óscar Eduardo Rivera Sabillón y Frelin Naún Ventura fueron los hombres que perdieron la vida durante el enfrentamiento. Por otro lado, los dos civiles heridos, identificados como Eli Nahúm Guerra y Jefry Josseth Guardado Herrera, fueron localizados posteriormente en un centro asistencial situado en territorio guatemalteco.
A medida que avanzan las indagaciones, han surgido versiones contradictorias sobre el motivo del ataque. El subcomisionado César Ruiz reveló que, basándose en declaraciones obtenidas de vecinos del sector, existe la hipótesis de que los agentes de la Dipampco habrían sido confundidos con miembros de un grupo delictivo, específicamente de la Mara Salvatrucha (MS-13). Según los habitantes de la zona, los atacantes pudieron haber creído que se trataba de una incursión de dicha pandilla y no de un operativo policial.
No obstante, la jefatura de la DPI ha mantenido una postura cautelosa frente a esta versión. Ruiz aclaró que la posibilidad de que los policías fueran confundidos con pandilleros también podría ser una estrategia deliberada por parte de los implicados para intentar desviar la investigación oficial y evadir responsabilidades. "Existe esa posibilidad, pero necesitamos ahondar obteniendo datos que nos lleven a confirmar o descartar lo mismo", reiteró el funcionario.
Paralelamente, el caso ha tomado un giro polémico debido a las declaraciones de la exsubsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva. Según la exfuncionaria, lo ocurrido en Corinto no sería un hecho aislado ni producto de una confusión, sino que estaría ligado a "temas de infiltración con el crimen organizado". Villanueva señaló que, presuntamente, los agentes tenían el objetivo de buscar "caletas" (escondites de dinero o armas) en la vivienda, siguiendo supuestas "instrucciones mayores".
Ante estas afirmaciones, el jefe de la DPI, César Ruiz, precisó que, hasta el momento, la información oficial indica que los uniformados buscaban ejecutar el operativo al interior de la vivienda. Respecto a la teoría de la búsqueda de caletas, Ruiz fue enfático al señalar que ese es un punto que se determinará a través del proceso investigativo en curso, asegurando que "si estarían buscando una caleta o no lo vamos to saber en el proceso investigativo".
Finalmente, como consecuencia de las irregularidades detectadas, especialmente el allanamiento sin autorización, la Secretaría de Seguridad tomó medidas administrativas inmediatas. El organismo informó la suspensión de las personas que ocupaban los cargos de mando y responsabilidad dentro de la Dipampco relacionados con este operativo. Las investigaciones continúan abiertas para determinar las responsabilidades penales y administrativas de todos los involucrados en este suceso que ha conmocionado a la región fronteriza.
