La agencia calificadora Moody’s Ratings ha implementado un ajuste a la baja en las calificaciones crediticias del Gobierno de México, impactando directamente en la nota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la de ocho instituciones financieras del país. Esta serie de rebajas se produce tras una revisión exhaustiva de la situación fiscal y económica de la nación, resultando en una disminución de la calificación soberana de México, que pasó de ‘Baa2’ a ‘Baa3’.
Con este movimiento, la calificación de México se sitúa en el último escalón dentro del grado de inversión. Según el análisis de Moody’s, esta decisión responde a un deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país. La agencia destacó que existen mayores presiones derivadas del apoyo financiero continuo que el Gobierno Federal brinda a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), sumado a un entorno caracterizado por un bajo crecimiento económico.
En concordancia con la rebaja soberana, Moody’s Ratings también ajustó la calificación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en moneda extranjera, bajándola de Baa2 a Baa3. No obstante, la agencia modificó la perspectiva de la entidad eléctrica, cambiándola de negativa a estable. La firma aclaró que la disminución de la nota de la CFE es una consecuencia directa de la rebaja aplicada al Gobierno de México, quien actúa como su proveedor de apoyo financiero.
Respecto a la evaluación específica de la CFE, la calificadora advirtió que la entidad se encuentra limitada por una alta exposición a la volatilidad de los precios del gas natural y al riesgo cambiario, factores que se insertan en un entorno de mercado inestable y con marcada incertidumbre geopolítica. Si bien Moody’s reconoce que existen coberturas sobre una parte de las compras de combustible para mitigar estos riesgos, señaló que los flujos de efectivo de la empresa no están totalmente protegidos contra presiones negativas en escenarios de volatilidad prolongada de los precios globales de la energía o disrupciones en el suministro.
Asimismo, la agencia integró en su evaluación el plan de inversión de capital de la CFE, el cual asciende a aproximadamente 30.000 millones de dólares con un horizonte hasta el año 2030. Moody’s indicó que este ambicioso plan implica riesgos de ejecución y que será financiado mediante una combinación diversa de instrumentos y fuentes, lo que derivará en un aumento moderado del endeudamiento de la eléctrica.
Paralelamente, la agencia informó sobre la rebaja de las notas de depósito, deuda y emisor de ocho instituciones financieras mexicanas. Entre las entidades afectadas se encuentran BBVA México, Banorte, Santander México, Banco del Bajío, Bancomext, Nafin y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Moody’s explicó que estas acciones reflejan el estrecho vínculo existente entre la capacidad financiera del Gobierno mexicano y la fortaleza crediticia de los bancos y las entidades relacionadas con el sector público, especialmente cuando se enfrentan escenarios de estrés económico. La calidad crediticia soberana actúa como un límite para las calificaciones de los emisores domiciliados en el país, ya que refleja las condiciones macroeconómicas y la dinámica de los mercados financieros que influyen directamente en su entorno operativo.
La calificadora enfatizó que los bancos presentan vínculos fuertes con el soberano debido a su exposición a la economía real y a riesgos sistémicos e institucionales impulsados por el gobierno. Por lo tanto, la rebaja en la calificación soberana —que refleja una menor flexibilidad fiscal, menores expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), un mercado laboral débil y persistentes incertidumbres sobre la certeza jurídica y el comercio— afecta directamente los perfiles crediticios de las instituciones financieras alineadas con el Estado.
Finalmente, Moody’s detalló que el debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal de México se ha acelerado desde 2024. Este fenómeno se atribuye a la rigidez del gasto público, una base de ingresos limitada y el respaldo financiero persistente a Pemex, factores que, en conjunto, han restringido la capacidad del país para estabilizar la deuda pública.
