Las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han emitido un pronunciamiento oficial para dar tranquilidad a la población, asegurando que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuenta con la capacidad suficiente para cubrir la demanda de consumo en todo el territorio costarricense. Con esta declaración, la institución descarta la existencia de cualquier riesgo inmediato de cortes de energía o la implementación de racionamientos eléctricos en el país.
Este anuncio surge como respuesta directa a las declaraciones emitidas el pasado 21 de mayo de 2026 por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. El mandatario panameño notificó que su país dejaría de vender energía eléctrica a Costa Rica, utilizando una frase contundente que generó repercusiones en la región: “Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”.
Ante esta situación, Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE, aclaró que Costa Rica no se encuentra comprando electricidad a Panamá en este momento y que, además, no existía ninguna previsión de realizar dichas compras durante el transcurso del año 2026. El jerarca enfatizó que el país dispone de reservas energéticas adecuadas para abastecer la demanda nacional en su totalidad, eliminando la dependencia inmediata de fuentes externas panameñas.
Asimismo, Acuña detalló que la institución ha estructurado un plan de contingencia específico para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño previstos para el año 2027. Según el directivo, este diseño estratégico permite enfrentar las variaciones climáticas y la demanda energética sin necesidad de recurrir a importaciones eléctricas de los países vecinos. A pesar de las tensiones diplomáticas, el presidente ejecutivo reiteró que tanto Costa Rica como el ICE seguirán operando bajo las normativas del Mercado Eléctrico Regional (MER), el cual se rige por un tratado internacional suscrito entre las naciones centroamericanas.
La decisión del presidente Mulino es el resultado de una prolongada disputa comercial que se remonta al año 2019. En aquel entonces, Panamá impuso diversas barreras de entrada a productos agropecuarios originarios de Costa Rica, afectando significativamente la exportación de carnes de res, cerdo, pollo, lácteos, así como de piñas y fresas. Ante el bloqueo, el gobierno costarricense decidió elevar la controversia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El proceso legal en la OMC culminó con un informe final emitido en octubre de 2024 y distribuido formalmente en diciembre del mismo año. En dicha resolución, el panel del organismo recomendó a Panamá ajustar sus restricciones sanitarias para que fueran coherentes con sus obligaciones internacionales. En diciembre de 2024, Costa Rica obtuvo un fallo favorable que declaró inválidas las restricciones impuestas por el gobierno panameño.
No obstante, Panamá no procedió al levantamiento de los bloqueos comerciales y, en enero de 2025, anunció que apelaría la decisión. Esta acción ha dejado la disputa en un estado de estancamiento, ya que el Órgano de Apelación de la OMC se encuentra inoperante desde el año 2019 debido a la falta de nombramiento de sus miembros, lo que impide que exista un plazo definido para una resolución definitiva.
Este escenario de parálisis jurídica motivó a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a endurecer su postura pública. El 15 de mayo, la mandataria instruyó al canciller, Manuel Tovar, la ejecución de una estrategia bilateral y la creación de una mesa de trabajo orientada a obtener resultados concretos. Del mismo modo, ordenó la activación de mecanismos de presión internacional fundamentados en el fallo favorable de la OMC.
El 16 de mayo, la presidenta Fernández solicitó públicamente la intervención de organismos internacionales para hacer valer la resolución. “Yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, afirmó la mandataria, declaraciones que precedieron la respuesta eléctrica de José Raúl Mulino.
A pesar de la crisis diplomática, los datos del informe anual del MER, publicados por la agencia EFE, indican que Costa Rica importó 687,4 GWh de electricidad de Panamá durante el año 2024. Sin embargo, el país mantiene su posición dominante en el mercado energético del istmo. Costa Rica es el principal exportador de energía de la región, con una participación del 49,8% del total negociado en el mercado regional, superando ampliamente a Guatemala, que posee un 29,9%, y a Panamá, que cuenta con un 11%.
