El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE) en el Perú ha alzado su voz para denunciar su situación como "víctimas invisibles" ante el avance de la inseguridad ciudadana y el impacto de la crisis económica. A través de la organización Mypes Unidas del Perú, el sector ha solicitado formalmente al Congreso de la República la implementación de una "Agenda MYPE", con el objetivo de que el Pleno priorice iniciativas legislativas que protejan a los pequeños negocios, tales como bodegas, panaderías, restaurantes de esquina y tiendas minoristas.
La urgencia de esta petición se fundamenta en la precaria situación de seguridad que atraviesan los emprendedores. Según el Director de Mypes Unidas, los propietarios de estos negocios enfrentan una realidad cotidiana marcada por el temor, donde el inicio de sus actividades laborales, usualmente a las 5 de la mañana, viene acompañado de la incertidumbre de recibir amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. Esta situación ha llevado al sector a exigir que el Poder Legislativo deje de lado otras prioridades y se ponga del lado de los ciudadanos que sostienen la economía local.
Dentro de las demandas centrales de la Agenda MYPE, resalta el Proyecto de Ley 11366. Esta iniciativa busca establecer medidas concretas de protección y apoyo para los pequeños negocios que son blanco de la extorsión y el crimen organizado. El gremio advierte que la delincuencia no es una metáfora, sino una realidad tangible que está afectando la vida de los empresarios, quienes denuncian una indolencia persistente por parte de las autoridades. La recurrencia de llamadas extorsivas con la premisa de "pagar o asumir las consecuencias" ha dejado al sector en un estado de vulnerabilidad absoluta y sin protección efectiva.
En el ámbito financiero y tributario, Mypes Unidas del Perú impulsa la aprobación de los proyectos de ley 13411 y 13559. Ambas propuestas legislativas tienen como finalidad establecer un fraccionamiento especial de la deuda tributaria, medida que representaría un alivio financiero crítico para los pequeños negocios que luchan por sobrevivir en el contexto económico actual.
Asimismo, el gremio ha puesto especial énfasis en la necesidad de discutir y aprobar el proyecto de ley 536, el cual propone que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sea establecido mediante ley y no a través de decretos supremos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Actualmente, el MEF tiene la facultad de fijar el ISC por decreto, lo que, según el sector, permite elevar el impuesto cada vez que se requiere mayor recaudación, sin considerar el impacto negativo en los pequeños negocios.
El sector aclara que no solicita una exoneración del impuesto, sino predictibilidad. El ISC afecta principalmente la venta de productos como bebidas energéticas, bebidas azucaradas, alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, los cuales constituyen una parte fundamental de las ventas de las bodegas. Al incrementarse el impuesto por decreto, los pequeños comerciantes se encuentran en la imposibilidad de trasladar dicho alza de precios a sus clientes finales, absorbiendo ellos mismos el costo y reduciendo sus márgenes de ganancia.
Finalmente, la Agenda MYPE incluye la propuesta del proyecto de ley 7065, que plantea la creación del Régimen de Elaboración, Manufactura o Maquila y de Almacenamiento (REMA). Este marco legal permitiría que las empresas peruanas importen insumos de manera temporal para fabricar o procesar productos destinados a firmas extranjeras. De aprobarse, esta figura jurídica impulsaría significativamente la exportación de servicios y la generación de nuevos puestos de empleo en el país.
El Director de Mypes Unidas concluye resaltando la importancia sistémica de este sector, recordando que las MYPE representan el 99% de las empresas en el Perú y son responsables de generar el 45% del empleo nacional. Ante este panorama, el gremio insiste en que es imperativo que los pequeños negocios salgan del borde del abismo al que han sido empujados por la delincuencia y la crisis, exigiendo que sus necesidades se ubiquen en el centro del debate legislativo.
