Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua han emitido un llamado urgente para obtener información sobre el paradero y la situación legal de dos guardabosques mayangnas, Serapio Palacios Vanegas y Hermes López Rufus. Ambos hombres fueron detenidos el pasado 13 de mayo de 2026 por fuerzas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en lo que las organizaciones califican como capturas arbitrarias.
La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) y la Coordinadora de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (CPIAS) denunciaron que, hasta la fecha, se desconoce la razón exacta de las detenciones y no se ha brindado información sobre los cargos legales que podrían pesar sobre los líderes comunitarios. Esta falta de transparencia es una constante en las acciones de las autoridades del régimen, que no han emitido comunicados oficiales sobre el estatus de los dos guardabosques.
Para poner estas detenciones en contexto, la Policía Nacional reportó que entre el 11 y el 17 de mayo de 2026 se realizaron la captura de 54 personas en diversos departamentos del país, excluyendo a Managua. En el informe oficial se detalla que 29 de esas personas fueron detenidas por delitos relacionados con el abastecimiento de drogas y robo con intimidación en zonas como León, Masaya, Chinandega, Matagalpa, El Rama y el triángulo minero, zona donde residen y fueron capturados los líderes mayangnas.
Serapio Palacios Vanegas, quien se desempeña como líder y juez comunitario de Musawas, dentro de la reserva de la biosfera de Bosawas, fue capturado por la Policía Nacional el 13 de mayo en una parada de autobuses en el municipio de Siuna, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Según las organizaciones denunciantes, Palacios Vanegas permanece recluido en las celdas preventivas de la delegación policial de Siuna.
Por su parte, Hermes López Rufus, también líder comunitario mayangna, fue detenido el mismo día en el municipio de Bonanza, también en la RACCN. A diferencia de su compañero, la información disponible indica que López Rufus habría sido trasladado fuera de su región, específicamente hacia el municipio de Masaya, en la zona del Pacífico nicaragüense.
En un comunicado conjunto, AMDES y CPIAS expresaron su profunda preocupación y condena ante estas acciones, señalando que Palacios Vanegas y López Rufus son guardabosques voluntarios que realizaban labores esenciales de protección ambiental y resguardo territorial en sus comunidades ancestrales. Las organizaciones subrayan que estas capturas representan un grave atentado contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, quienes mantienen una resistencia constante frente a la invasión de colonos en sus territorios.
La situación en la Costa Caribe ha sido objeto de seguimiento internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que los pueblos indígenas y afrodescendientes de esta región se encuentran en riesgo debido a una escalada de violencia exacerbada en los últimos años bajo el gobierno de Ortega y Murillo.
Las organizaciones enfatizan que la labor de los guardabosques mayangnas es fundamental para la preservación de la diversidad biológica y los ecosistemas de la Costa Caribe. En consecuencia, advierten que la criminalización de este trabajo no solo debilita la protección del medio ambiente, sino que profundiza la inseguridad y el clima de persecución que viven las comunidades originarias.
Con el secuestro de Palacios Vanegas y López Rufus, la cifra de indígenas detenidos en el territorio Mayangna Sauni As asciende a 22 personas desde el año 2021. Entre ellos, se encuentran ocho guardabosques mayangnas considerados presos políticos, capturados entre 2021 y 2023. Estos últimos permanecen recluidos en la cárcel “La Modelo”, donde, según reportes de la CIDH, sufren discriminación por parte de los custodios y reciben una alimentación insuficiente.
Finalmente, un estudio publicado en agosto de 2025 por dos organismos no gubernamentales reveló que los indígenas presos políticos en Nicaragua enfrentan una discriminación sistemática. El informe detalla que las autoridades carcelarias y los custodios utilizan términos peyorativos como “brujos” para referirse a ellos, tachan de “hechizos” sus medicinas y bebidas naturales, y les prohíben estrictamente el uso de sus lenguas originarias dentro del recinto penal.
