El escenario político y jurídico en el Perú se ha visto nuevamente sacudido tras la difusión de un informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El documento, fechado en mayo pasado pero hecho público recientemente, concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo fue "arbitraria" y careció de la base legal necesaria, lo que ha desencadenado una serie de controversias en las altas esferas del Estado.
En el cuerpo del informe, el organismo multilateral es enfático al instar al Estado peruano a que proceda a poner "inmediatamente en libertad" a Castillo Terrones. Asimismo, la ONU solicita que se le conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, actuando en conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional.
La respuesta oficial desde el Gobierno ha sido dividida. Por un lado, la Cancillería ha mantenido una postura técnica, señalando que las opiniones emitidas por los grupos de trabajo de este organismo multilateral no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias para el país. No obstante, el presidente José María Balcázar ha manifestado una visión distinta, sosteniendo que este documento "viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional" en lo que respecta a la posibilidad de un indulto para el exmandatario.
Ante este panorama, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga fue consultado sobre el efecto real que podría tener este informe sobre una eventual decisión del Ejecutivo. Quiroga León fue tajante al señalar que el documento es, estrictamente, una "opinión" y no una "resolución". En consecuencia, coincidió con la postura de la Cancillería al afirmar que el informe no posee un efecto vinculante sobre las autoridades peruanas.
El experto calificó el contenido del informe como una "locución naif" y "superficial". Sin embargo, advirtió que, a pesar de su falta de peso jurídico, el documento ha sido utilizado como herramienta política. Según Quiroga, el informe ha servido de motivo para que el presidente de la República cuestionara la capacidad técnica del ministro de Justicia, retándolo a demostrar sus conocimientos en derecho internacional para determinar si su posición negativa frente al indulto cambiaría tras la lectura del documento.
"[El presidente] lo está retando al ministro de Justicia: ‘demuestre usted que sabe derecho’, porque sabe de antemano que el informe no tiene valor jurídico, no tiene valor constitucional, no tiene ninguna trascendencia", explicó el letrado, sugiriendo que el jefe de Estado, apremiado por el tiempo, busca presionar al ministro para que cambie su opinión técnica sobre el indulto.
Desde la perspectiva constitucional, Quiroga enfatizó que el presidente de la República no posee facultades absolutas. Para que un indulto sea válido, requiere obligatoriamente el refrendo del ministro correspondiente. Basándose en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, específicamente en el artículo 120, el abogado recordó que "son nulos los actos del presidente sin refrendo ministerial". Por lo tanto, cualquier resolución suprema de indulto que carezca de la firma del ministro de Justicia sería legalmente nula.
El constitucionalista fue más allá al plantear un escenario hipotético donde el presidente emitiera un oficio declarando su voluntad de liberar a Castillo. En tal caso, sostuvo que la orden debería pasar por el ministro de Justicia y que, al ser una orden inconstitucional, no debería ser acatada, dado que instituciones como el INPE dependen del Ministerio de Justicia y la Policía Nacional del Ministerio del Interior.
Finalmente, Quiroga analizó la posibilidad de que el presidente decida cambiar al titular del Ministerio de Justicia por alguien dispuesto a firmar el indulto. De concretarse esto, advirtió que tanto el presidente como el nuevo ministro enfrentarían responsabilidades políticas, penales y constitucionales ante el próximo Congreso. Calificó dicha acción como "francamente irregular", ya que implicaría lograr la impunidad frente a un delito tan grave como un golpe de Estado.
El abogado concluyó destacando la "valentía" del actual ministro de Justicia y del presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, a quienes describió como figuras que están resistiendo "estoicamente" y amparados en el derecho para no cumplir con una orden que consideran ilegal e inconstitucional.
