El sistema judicial ha determinado la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Huenchullán, quien se desempeña como werkén de la comunidad autónoma de Temucuicui, y para su pareja, Carolina Jaqueline Padilla Manquel. Ambos fueron formalizados tras ser detenidos en el marco de un complejo despliegue operativo que tuvo lugar en el interior de la mencionada comunidad.
La detención se produjo durante un megaoperativo coordinado y ejecutado por diversas fuerzas policiales en conjunto con el Ejército. La magnitud de la intervención fue tal que, para asegurar la extracción de los imputados desde el territorio de Temucuicui, las autoridades debieron recurrir al uso de helicópteros, evidenciando la complejidad logística del procedimiento llevado a cabo en la zona.
En relación con la situación jurídica de Jorge Huenchullán, el tribunal competente ha ordenado que cumpla la medida de prisión preventiva en el módulo destinado a comuneros de la cárcel de Angol. El vocero de Temucuicui enfrenta una situación legal crítica, ya que arriesga una pena total de hasta 18 años de cárcel. Esta cifra es el resultado de la suma de diversas imputaciones: el tráfico de drogas, delito por el cual se solicitan 10 años y un día de presidio en su grado medio junto con una multa de 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); la tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas, que conlleva una pena de 5 años; y la tenencia ilegal de municiones, que suma otros 3 años a la posible condena.
Paralelamente, Carolina Jaqueline Padilla Manquel fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Collipulli. La imputada es señalada como autora de delitos consumados que incluyen el tráfico ilícito de drogas, así como la tenencia ilegal de armas de fuego y de municiones. Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público presentó los argumentos necesarios para solicitar la medida más gravosa de cautela.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía basándose en dos fundamentos principales. En primer lugar, se determinó que la libertad de la imputada representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. En segundo lugar, el juez consideró que existía un riesgo real de fuga, lo que justificó la orden de prisión preventiva para evitar que la acusada evadiera el proceso judicial.
Ante estas resoluciones, la defensa ha manifestado su postura. El abogado defensor penal público mapuche, Juan Humberto del Pino Saavedra, ha indicado que el equipo legal evaluará la presentación de un recurso de apelación contra la decisión del tribunal. El argumento central de la defensa se basa en la premisa de que, a juicio del abogado, no existen elementos suficientes que justifiquen la aplicación de la prisión preventiva, calificándola como la medida cautelar más gravosa.
Finalmente, el Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la investigación correspondiente. Durante este periodo, el Ministerio Público deberá reunir y presentar todas las evidencias necesarias para sustentar las acusaciones de tráfico de drogas y tenencia de armamento ilegal contra el werkén de Temucuicui y su pareja.
El caso permanece ahora en etapa de investigación, mientras ambos imputados permanecen bajo custodia del Estado, aguardando la resolución de los recursos legales que la defensa decida interponer y el avance de las diligencias policiales y judiciales.
