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Gobierno Nacional decreta Alerta Amarilla preventiva ante posibles efectos de El Niño

El Gobierno Nacional declaró el nivel de Alerta Amarilla en zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados al evento El Niño, este lunes 18 de mayo de 2026. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), declaró la emergencia con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales. Además, se basó en las... La entrada Alerta Amarilla preventiva ante posible evolución del evento El Niño se publicó primero en Diario El Mercurio .

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Gobierno Nacional decreta Alerta Amarilla preventiva ante posibles efectos de El Niño
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El Gobierno Nacional declaró el estado de Alerta Amarilla en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias para prevenir los posibles efectos del fenómeno El Niño. Esta medida preventiva, basada en análisis técnicos, se aplica principalmente en zonas ubicadas hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar para optimizar la capacidad de respuesta antes de que se manifiesten los impactos críticos. Como parte de esta disposición, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben activar inmediatamente sus Comités de Operaciones de Emergencia y actualizar sus planes de respuesta. El objetivo es coordinar medidas de protección ciudadana y reforzar el monitoreo hidrometeorológico para mitigar riesgos de inundaciones y deslizamientos en las áreas vulnerables.

El Gobierno Nacional ha emitido una disposición oficial este lunes 18 de mayo de 2026, mediante la cual se declara el nivel de Alerta Amarilla en diversas zonas del territorio nacional. Esta medida se ha implementado específicamente en aquellas áreas que presentan una mayor susceptibilidad a sufrir posibles impactos asociados al fenómeno climático conocido como El Niño.

La determinación de activar este nivel de alerta ha sido ejecutada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Según informó la institución, la declaratoria de emergencia no es una decisión arbitraria, sino que se fundamenta estrictamente en análisis técnicos y científicos, tanto de carácter nacional como internacional. Estos estudios permiten identificar las zonas donde el riesgo es más latente y donde la capacidad de respuesta debe ser optimizada para minimizar daños potenciales.

Para sustentar esta acción, la SNGR se ha basado en las proyecciones detalladas del Comité Nacional (ERFEN), organismo encargado de monitorear la evolución de este evento climático. De acuerdo con los parámetros técnicos establecidos, la Alerta Amarilla aplica predominantemente para aquellos territorios que se encuentran ubicados hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, considerando que estas altitudes son las más vulnerables a las dinámicas meteorológicas asociadas al fenómeno.

En términos de cobertura geográfica, la medida es amplia y abarca una parte significativa del país. La resolución detalla que la alerta comprende un total de 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. Esta segmentación territorial permite que las autoridades locales y nacionales enfoquen sus recursos y esfuerzos de vigilancia en las comunidades que se encuentran en el rango de susceptibilidad identificado por los científicos.

Es fundamental precisar, tal como lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que esta declaratoria constituye una acción de carácter preventivo y de preparación anticipada. La institución fue enfática al señalar que el decreto de Alerta Amarilla no representa, en este momento, la declaratoria oficial del evento El Niño, sino que es un paso previo diseñado para organizar la infraestructura de respuesta antes de que se manifiesten los efectos críticos del fenómeno.

En consecuencia, la resolución impone directrices claras para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Se ha dispuesto que estas entidades procedan a la activación inmediata de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), tanto a nivel cantonal como provincial. El objetivo de esta activación es fortalecer las acciones de prevención en el territorio y garantizar que cada jurisdicción esté preparada para enfrentar cualquier eventualidad.

Dentro de las obligaciones asignadas a los GAD y los COE, se incluye la actualización obligatoria de los planes de respuesta. Esta actualización es vital para asegurar que las estrategias de evacuación y mitigación estén alineadas con la realidad actual del terreno y las proyecciones del ERFEN. Asimismo, se ha solicitado coordinar medidas estrictas de protección para la población, con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos frente a posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y otros eventos hidrometeorológicos asociados al fenómeno.

Finalmente, el Gobierno Nacional ha informado que se reforzará el monitoreo hidrometeorológico en las zonas afectadas. Esta vigilancia constante, sumada a una coordinación interinstitucional estrecha, tiene como finalidad garantizar que exista una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier evolución de la amenaza climática. La estrategia se centra en la anticipación y la coordinación técnica para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en las áreas bajo alerta.

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