El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha puesto en marcha una serie de movimientos administrativos en Brasil para implementar una nueva regulación sobre las redes sociales. Esta iniciativa surge como el cumplimiento de un anuncio realizado por el mandatario durante su visita a España en abril, donde advirtió que se aproximaba una nueva ronda de reglas para las plataformas digitales.
Actualmente, dos ministerios trabajan en la redacción de un par de decretos presidenciales destinados a actualizar el Marco Civil da Internet (MCI), considerado la "Constitución de la Internet Brasileña". El objetivo central es integrar las determinaciones del Supremo Tribunal Federal (STF) que, en un juicio de junio de 2025, decidió que las empresas de tecnología deben ser responsabilizadas en caso de que se publiquen contenidos ilícitos en sus plataformas.
Según borradores revisados por Radar Big Tech, la propuesta del gobierno Lula establece la obligatoriedad de la remoción inmediata de publicaciones que sean clasificadas como racistas, misóginas, que promuevan golpes de Estado o que incentiven la violencia contra las mujeres. El incumplimiento de estas directrices podría llevar a que las grandes empresas tecnológicas sean responsabilizadas legalmente bajo el concepto de "fallas sistémicas".
Un punto clave de esta reforma es el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD). La entidad, que fue creada en 2018 para gestionar la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y recientemente promovida a agencia para supervisar las normas del ECA Digital sobre la protección de niños y adolescentes, recibiría una atribución adicional: convertirse en la fiscal de las nuevas reglas del Marco Civil da Internet. Con la discusión paralela en la Cámara de Diputados sobre el Marco de la Inteligencia Artificial (IA), que también posiciona a la ANPD como coordinadora de la gobernanza de la IA en Brasil, el país se encamina hacia la creación de una "superagencia" del espacio cibernético.
Durante las últimas dos semanas, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Secom) ha mantenido reuniones con propietarios de marketplaces, redes sociales, sitios de streaming, organizaciones de la sociedad civil y el Comité Gestor de la Internet (CGI). En estos encuentros se presentaron las propuestas y se recogieron impresiones. João Brant, secretario de Políticas Digitales de la Secom, destacó la urgencia de la respuesta ante la naturaleza del contenido digital, señalando que la performance de los contenidos tiene una curva de impacto corta con un pico inicial, por lo que el tiempo de análisis de la ilegalidad debe dialogar con el tiempo de impacto en las redes.
Tras estas consultas, la Secom y el Ministerio de Justicia remitieron la propuesta a la Casa Civil, instancia que analizará si el texto posee la madurez necesaria para ser sometido a la firma del presidente Lula. Aunque los decretos no requieren pasar por el Poder Legislativo, se prevé que el tema genere movilización entre diputados y senadores, especialmente aquellos que defienden los intereses de las big techs bajo el argumento de la libertad de expresión.
El marco jurídico de esta medida se basa en el "deber de cuidado" establecido por el STF, que impone a los proveedores la obligación de retirar proactivamente contenidos que constituyan delitos graves. No obstante, la decisión del Supremo aclara que la permanencia aislada de un post no conlleva punción, sino que la sanción se aplica cuando existe una "falha sistêmica", es decir, cuando las remociones obligatorias no ocurren con una frecuencia observable y cuantificable.
Desde los sectores vinculados a las empresas tecnológicas, se ha calificado la maniobra como inconstitucional, argumentando que el juicio en el Supremo aún no ha "transitado en julgado", ya que quedan embargos de declaración por analizar. Ante esto, João Brant ha respondido que el Código de Proceso Civil es claro al indicar que, una vez publicado el acta (acórdão), la tesis ya es válida, asegurando que no hay jurista que discuta este punto.
Finalmente, existe una preocupación estratégica sobre la narrativa política de estos decretos. Uno de los documentos ha sido apodado internamente como el "Decreto de la misoginia", buscando vincularlo al proyecto de ley impulsado por la diputada Tabata Amaral. Los críticos sugieren que esta estrategia podría intentar replicar lo ocurrido con el proyecto de ley de "Fake News", el cual terminó siendo percibido por sectores de la población como un "proyecto de censura".
