La memoria de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, guarda el recuerdo de un caso que conmocionó a la zona por su extrema brutalidad y el misterio que envolvió la desaparición de un joven trabajador. Fue en mayo de 2016, hace exactamente diez años, cuando la familia de Juan Carlos Ramírez, de 31 años, comenzó a alertar sobre su paradero, iniciando una angustiosa búsqueda que se extendería por meses y que terminaría con un descubrimiento escalofriante.
Desde el primer momento, la desaparición de Ramírez generó una movilización no solo familiar, sino también comunitaria. Lo que inició como una preocupación natural pronto se transformó en sospecha debido a una serie de circunstancias extrañas que rodearon el caso. Uno de los hallazgos más inquietantes fue el descubrimiento del taxibús que la víctima conducía, vehículo perteneciente a la locomoción colectiva del recorrido Coronel-Lota. El móvil fue localizado en el sector de Lagunillas, en las proximidades de un humedal, pero el conductor no se encontraba en el lugar, dejando un vacío de respuestas que prolongó la incertidumbre durante largo tiempo.
En medio de este escenario de misterio, el dolor de la familia se hizo público y viral. Margarita Henríquez, madre de Juan Carlos, utilizó las redes sociales para suplicar ayuda en un video que impactó a miles de personas. En su declaración, marcada por la desesperación, la mujer manifestó: “Ayúdenme a buscar a mi hijo. No lo encuentro. Estoy muy angustiada. Quiero solamente que me digan dónde está, no me importa cómo esté”.
La respuesta a ese ruego llegó siete meses después, aunque de la forma más trágica posible. La policía confirmó el hallazgo de osamentas humanas en el sector de la Fundición de Lota. Los restos de Juan Carlos Ramírez habían sido ocultados al interior de un tambor plástico, enterrado a dos metros de profundidad. El fiscal jefe de Coronel, Carlos Palma, informó en su momento que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, aunque pudo ser reconocido por un familiar y corroborado mediante pericias científicas.
La investigación reveló que el cuerpo había sido alterado, evidenciando la acción de terceras personas mediante el descuartizamiento de la víctima. Tras el hallazgo, la policía detuvo en cuestión de horas a José Luis Carvajal Torres, de entonces 32 años. La investigación posterior determinó que Carvajal no actuó solo, sino que contó con la participación de otros dos sujetos: Sixto Yáñez Torres, de 32 años, y Darwin Carvajal, de 35 años.
La reconstrucción de los hechos, apoyada por el testimonio de tres testigos con reserva de identidad, describió una emboscada cruel. Los imputados sabían que la víctima llegaría en horas de la noche debido a un conflicto previo. Tras invitarlo a ingresar a un domicilio, aprovecharon la superioridad numérica para atacarlo. Según explicó el fiscal Julio Sánchez, Juan Carlos fue golpeado reiteradamente en la cabeza con una escopeta hasta causarle la muerte por un traumatismo encéfalo craneano. Además, presentaba diversos golpes en todo su cuerpo. Para deshacerse de la evidencia y ocultar el crimen, los agresores cercenaron las piernas de la víctima para poder introducir el cuerpo dentro del tambor plástico donde fue enterrado.
Sobre el móvil del ataque, la madre de la víctima fue tajante al señalar que se trató de un acto de maldad pura: “Ellos lo dañaron, nomás. Lo escondieron. Mi hijo estaba saliendo con ellos, eran amistades que encontró hace un par de meses”.
El proceso judicial culminó en septiembre de 2018. A pesar de que el Ministerio Público solicitó la calificación de homicidio calificado, alegando alevosía y premeditación, los jueces desecharon esta tesis. La Fiscalía admitió que hubo dificultades probatorias, ya que no contaban con testigos directos y los autores habían realizado una limpieza exhaustiva del sitio del suceso, eliminando evidencias materiales. No obstante, gracias a una serie de indicios e informaciones indirectas, el tribunal logró convencerse de la autoría de los imputados. Finalmente, los tres asesinos fueron condenados por homicidio simple, recibiendo penas que oscilaron entre los 10 y 15 años de cárcel.
