El partido Renovación Popular, organización política liderada por Rafael López Aliaga, ha manifestado su aceptación de los resultados obtenidos en las elecciones generales del año 2026. Esta postura se produce en el marco de la definición de la segunda vuelta electoral, en la cual Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se enfrentarán por la Presidencia de la República el próximo 7 de junio.
El anuncio fue realizado este jueves 14 de mayo mediante un comunicado oficial difundido a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En dicho documento, la agrupación política advirtió que, a pesar de aceptar el desenlace electoral, llevará a cabo una lucha firme desde el Congreso de la República. El objetivo de esta acción será enfrentar a lo que el partido califica como una organización criminal que, según sus declaraciones, pone en serio riesgo tanto la democracia como la libertad en el país.
La difusión de este comunicado ocurrió pocos minutos después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informara que la proclamación oficial de los resultados de la elección presidencial se llevará a cabo este domingo 17 de mayo. A través de este mensaje, Renovación Popular da a entender que reconoce los resultados emitidos por el ente electoral, aun cuando el líder de la organización ya había anunciado previamente que no procedería a juramentar en su cargo de senador.
En el texto publicado por la organización, se lee explícitamente que el partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República con el propósito de desmantelar a la mencionada organización criminal que representa una amenaza para el sistema democrático y las libertades ciudadanas.
Simultáneamente, Renovación Popular expresó su rechazo tajante a la decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, la cual se encuentra detallada en la Resolución N° 1122-2026-JNE. De acuerdo con la postura del partido, esta resolución normativa convalida un fraude electoral que, según aseguran, fue denunciado y probado el pasado 12 de abril. No obstante, es importante señalar que la Asociación de Transparencia ha emitido una postura distinta al respecto; si bien dicha entidad reconoció que existieron irregularidades y fallas durante el desarrollo de los comicios, aseguró que no es posible afirmar que se haya producido un fraude electoral.
En sus argumentos, Renovación Popular sostiene que el JNE ha desconocido su rol como garante del proceso electoral. El partido afirma que el organismo no cumplió con dicha función el 12 de abril y que tampoco lo hace en la actualidad, un mes después de los hechos. La agrupación critica que la autoridad electoral haya priorizado el formalismo sobre el mandato constitucional, el cual exige fiscalizar y asegurar que las votaciones reflejen la expresión auténtica, libre, espontánea y secreta de los ciudadanos.
Específicamente, el partido señala que el problema se materializó en la cadena de custodia del material electoral. Según el comunicado, este proceso debió ser asegurado desde la salida del material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante las votaciones y hasta su retorno a dicha entidad. Renovación Popular denuncia que este procedimiento no fue cumplido en los centros poblados y sostiene que no existe evidencia que demuestre lo contrario.
Como parte de sus acciones legales y administrativas, el partido presentó diversos pedidos con el fin de anular un total de 900,000 actas que incluían los votos provenientes de estas zonas de centros poblados. Finalmente, la organización política concluyó que ha luchado y agotado todas las instancias disponibles para intentar que las votaciones traduzcan la voluntad real de los ciudadanos, algo que, a su juicio, no sucedió debido a lo que califican como una abdicación de las funciones y competencias por parte de las autoridades electorales.
