Las autoridades de Guatemala han emitido una alerta tras detectar un incremento significativo en diversas modalidades de secuestro, destacando principalmente los casos denominados secuestros exprés y los secuestros simulados. De acuerdo con la información proporcionada por las instituciones de seguridad, estas estructuras criminales han perfeccionado el uso de engaños, amenazas directas y una fuerte presión psicológica para coaccionar a sus víctimas, así como a sus familiares y empresas, con el objetivo primordial de exigir el pago de sumas de dinero.
La gravedad de la situación se refleja en los datos estadísticos proporcionados por la Fiscalía contra el Delito de Secuestros del Ministerio Público (MP). Los registros oficiales muestran una tendencia ascendente en el número de denuncias presentadas durante los últimos dos años. Para el año 2024, se reportaron un total de 157 casos. Esta cifra experimentó un aumento drástico durante el año 2025, alcanzando las 345 denuncias. La tendencia persiste en el año actual, ya que, hasta el 5 de mayo de 2026, ya se han contabilizado 183 denuncias, lo que confirma la persistencia y el crecimiento de este fenómeno delictivo.
En cuanto a los secuestros exprés, la Ciudad de Guatemala se ha convertido en el foco principal de preocupación para las autoridades. Las investigaciones indican que la mayor parte de los denunciados en esta modalidad son operadores de taxis pirata. La Fiscalía ha identificado que las zonas 7, 11, 12, 13 y 14 de la capital son los puntos donde se concentra la mayor cantidad de estos incidentes. El modus operandi es preciso y coordinado: las pesquisas del MP revelan que una mujer actúa como señuelo, haciéndose pasar por una usuaria de transporte informal. Esta persona ofrece dulces a las posibles víctimas para generar un ambiente de confianza y facilitar que aborden la unidad.
Una vez que la víctima se encuentra dentro del vehículo, el escenario cambia abruptamente. Los delincuentes proceden a despojar a la persona de todas sus pertenencias, empleando agresiones físicas y psicológicas. Acto seguido, contactan a los familiares de la víctima para exigir un rescate económico a cambio de su liberación. Según los datos del Ministerio Público, el monto solicitado generalmente no supera los 10 mil quetzales, y las exigencias de pago se realizan a través de transferencias bancarias o móviles para agilizar la transacción y evitar el rastro físico.
La estructura criminal cuenta con roles definidos, donde otras personas se encargan exclusivamente de retirar el dinero de las cuentas. Una vez que la transacción es confirmada, la víctima es abandonada. Este ciclo de secuestro exprés suele tener una duración corta, oscilando entre las tres y cinco horas. El MP detalla que esta modalidad no es reciente, sino que surgió y se consolidó durante la pandemia, periodo en el cual el transporte colectivo disminuyó y proliferaron los vehículos particulares que ofrecían traslados informales.
Paralelamente, las autoridades han identificado otra amenaza: los secuestros simulados o la modalidad conocida como gota a gota. En los últimos seis meses, se han vinculado al menos 77 casos bajo esta tipología. Como respuesta a estos hechos, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público informaron la captura de ocho integrantes de una estructura criminal denominada Los Imitadores de Secuestros, entre los cuales se encuentra una presunta cabecilla.
Esta banda operaba bajo una fachada intimidante, haciéndose pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para infundir terror en sus víctimas. Los delincuentes contactaban a personas o empresas mediante redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, solicitando servicios en inmuebles que habían sido previamente estudiados por la banda. Cuando los trabajadores llegaban al lugar acordado, eran amenazados y obligados a comunicarse con sus familiares o patronos para informar que habían sido secuestrados, exigiendo depósitos bancarios urgentes para evitar que fueran asesinados. Asimismo, otras víctimas eran citadas en fincas y lugares desolados, donde el aislamiento geográfico facilitaba la ejecución de las amenazas.
El alcance de estas actividades criminales es extenso, registrándose casos en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Santa Rosa, Escuintla, Alta Verapaz, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quiché y Quetzaltenango.
