La estabilidad de la seguridad alimentaria en Chile se encuentra hoy en un punto de análisis crítico, especialmente ante la incertidumbre generada por conflictos internacionales. En el contexto de las recientes tensiones en Irán y su potencial impacto en los precios globales de los alimentos, surge un debate fundamental sobre cómo debe reaccionar el Estado chileno para resguardar la mesa de las familias sin comprometer la sostenibilidad económica a largo plazo. La premisa central es clara: Chile debe enfrentar los problemas externos sin amplificarlos mediante respuestas apresuradas.
Para comprender la vulnerabilidad del país, es necesario partir por lo evidente. Chile es una economía abierta que depende significativamente de la importación de insumos clave, tales como energía, fertilizantes, trigo y maíz. Debido a esta estructura, cualquier choque en los mercados internacionales se transmite inevitablemente a los costos de producción y, eventualmente, al precio final que pagan los consumidores. Si bien la preocupación por estos incrementos es legítima y el debate público es necesario, la respuesta de las autoridades debe ser proporcional a la magnitud real del riesgo.
Al revisar la historia reciente, se observa que Chile ya ha superado crisis de magnitudes considerables. Durante la pandemia, el país logró mantener el abastecimiento de productos básicos gracias a un modelo basado en la coordinación público-privada, una gestión logística eficiente y un monitoreo permanente. Esta experiencia, vivida desde la gestión del Ministerio de Agricultura, demostró que la apertura y la colaboración son más efectivas que el aislamiento. Posteriormente, la guerra en Ucrania provocó uno de los shocks más severos en los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos en las últimas décadas. A pesar de la presión, Chile absorbió el impacto sin caer en situaciones de desabastecimiento, validando una vez más la capacidad de resiliencia del sistema.
El riesgo actual, por lo tanto, no es únicamente externo. Existe un peligro interno latente: la tentación de sobrerreaccionar. Implementar medidas que parezcan protectoras en el corto plazo puede resultar contraproducente, ya que el proteccionismo suele terminar encareciendo los alimentos o debilitando la capacidad productiva en el largo plazo. La experiencia internacional sugiere que las respuestas más exitosas son aquellas que logran equilibrar tres objetivos fundamentales: proteger a los productores, resguardar a los consumidores y mantener abiertas las cadenas de comercio, evitando distorsiones que agraven el problema original.
Para aterrizar esta estrategia en el contexto nacional, se proponen cuatro acciones concretas y coordinadas. En primer lugar, es imperativo fortalecer la información y la coordinación. Esto implica establecer un monitoreo permanente y transparente de los insumos y alimentos críticos, lo que permitiría reducir la incertidumbre que actualmente afecta tanto a los productores como a los consumidores finales.
En segundo lugar, se plantea la necesidad de brindar un apoyo focalizado y transitorio a la producción. El objetivo es sostener las siembras estratégicas en contextos excepcionales, pero bajo una lógica que evite generar dependencias crónicas o distorsiones en el mercado. Como tercer punto, es fundamental avanzar hacia la eficiencia en el uso de insumos. Esto requiere la incorporación de más tecnología, un mejor manejo de los nutrientes y los suelos, y una transferencia efectiva de conocimiento técnico hacia el campo.
Finalmente, la protección debe dirigirse hacia los consumidores más vulnerables. Ante un eventual alza de precios, el foco de la política pública debe estar en asegurar el acceso a los alimentos para quienes más lo necesitan, evitando intervenir de manera generalizada toda la cadena de suministros, lo que podría generar ineficiencias.
En conclusión, la seguridad alimentaria de Chile no se construye a través de la alarma o el miedo, sino desde una visión integral de la cadena, que abarque desde el suelo hasta la mesa. La clave reside en priorizar la productividad, el acceso y la sostenibilidad, entendiendo que la coordinación y la apertura son herramientas mucho más potentes que el proteccionismo para enfrentar la incertidumbre global.
