La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha intensificado sus operativos de vigilancia y fiscalización en diversas comunidades de la provincia de Bocas del Toro y dentro de la comarca Ngäbe-Buglé. Estas acciones forman parte de una estrategia integral de supervisión comercial destinada a garantizar que los productos ofrecidos al público cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios para el consumo humano, evitando así riesgos sanitarios en la región. Durante estas intervenciones, la entidad detectó la venta de alimentos en estado de descomposición y ha iniciado procesos de investigación debido a presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de medicamentos vencidos.
Uno de los hallazgos más críticos de estas jornadas se produjo en la comunidad de Finca 2, perteneciente al corregimiento de Finca 4, en el distrito de Changuinola. Este operativo fue posible gracias a la activación del Sistema 311, a través del cual un ciudadano presentó una denuncia formal alertando sobre las condiciones de un establecimiento comercial en la zona. Tras recibir la alerta, los funcionarios de la administración regional de Acodeco se trasladaron al sitio para realizar una inspección exhaustiva. En el lugar, las autoridades encontraron aproximadamente 630 libras de productos avícolas, específicamente pescuezos y patas de pollo, que se encontraban vencidos y en un avanzado estado de descomposición.
La Acodeco enfatizó que la permanencia de estos productos en el mercado representaba un riesgo directo y significativo para la salud de los consumidores locales, quienes podrían haber adquirido estos alimentos sin conocer su estado real. Debido a la gravedad de la situación, los productos fueron retirados del establecimiento de manera inmediata para evitar cualquier consumo posterior. Como consecuencia de este hallazgo, la institución procedió a abrir un proceso administrativo formal con el objetivo de determinar las responsabilidades legales del comerciante por las violaciones cometidas a la Ley 45 de protección al consumidor.
Simultáneamente, las acciones de fiscalización no se limitaron a los centros urbanos, sino que se extendieron hacia las comunidades más apartadas de la comarca Ngäbe-Buglé. En el distrito de Kankintú, el personal de Acodeco llevó a cabo una gira de trabajo intensiva que implicó recorridos de cuatro horas por diversos sectores. Durante este desplazamiento, los funcionarios visitaron las comunidades de Zamboa, Coclesito, Jirondai, Barranquilla, Calante y Kankintú. El propósito de estas visitas fue doble: por un lado, supervisar que los comercios locales cumplieran con la normativa vigente y, por otro, desarrollar jornadas de orientación dirigidas tanto a los consumidores como a los comerciantes. Estas charlas se centraron en educar a la población sobre sus derechos fundamentales como consumidores y las obligaciones legales que deben asumir quienes venden productos y servicios en la región.
En el marco de estas inspecciones, la entidad emitió un total de 17 notificaciones vinculadas a la imposición de multas. Estas sanciones fueron motivadas por incumplimientos específicos relacionados con el control de precios y otras faltas administrativas contempladas en la Ley 45. Estas medidas buscan evitar la especulación y asegurar que los precios de los productos básicos se mantengan dentro de los márgenes permitidos, protegiendo así el bolsillo de los habitantes de la zona.
Además de las faltas en materia de precios y alimentos, Acodeco inició una investigación delicada contra un local comercial señalado por la presunta venta de medicamentos vencidos. Lo que hace este caso particularmente grave es que dichos fármacos estaban destinados al consumo infantil, lo que eleva la peligrosidad de la irregularidad. La entidad se encuentra analizando las pruebas para determinar la magnitud de la falta y aplicar las sanciones correspondientes.
Rosalba De León, administradora regional de Acodeco, subrayó que estos operativos no son eventos aislados, sino que continuarán desarrollándose en áreas de difícil acceso. Según De León, el objetivo es reforzar la vigilancia comercial y prevenir cualquier riesgo que pueda comprometer la salud de la población, asegurando que la ley se aplique con rigor tanto en la provincia de Bocas del Toro como en la comarca Ngäbe-Buglé.
