La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inicia este martes a las 15:00 horas una fase crítica en la tramitación del proyecto de ley miscelánea. El debate entra en una etapa de discusión en particular caracterizada por una maratón legislativa que busca el "total despacho" de la normativa, enfrentando un volumen de indicaciones cercano a las 1.500 propuestas, cifra que continúa en aumento mientras la secretaría técnica finaliza el conteo de las enmiendas ingresadas. Esta situación ha configurado lo que se describe como la batalla legislativa más extraña desde el retorno a la democracia.
El despliegue de propuestas refleja una profunda fragmentación y diversas estrategias políticas. El bloque de izquierda, compuesto por el Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), PPD y Partido Liberal (PL), ha presentado 10 indicaciones transversales bajo la consigna “Chile merece crecer para todos”. No obstante, cada colectividad ha sumado sus propias demandas: el Partido Comunista destaca como el actor más activo con 170 enmiendas de bancada y unas 300 indicaciones individuales. El Frente Amplio registró alrededor de 55 propuestas, el PS cerca de 20, y la bancada PPD-Independientes entre 24 y 29. Por otro lado, la DC y la FRVS aportaron otras 102 indicaciones, mientras que el Partido de la Gente (PDG) registró 152 propuestas al cierre de los reportes.
En contraste, los sectores de derecha e independientes han mantenido una participación mínima en la presentación de enmiendas. La UDI ingresó solo dos, y Republicanos registró una única indicación referida a licencias médicas. El Partido Nacional Libertario (PNL) y Renovación Nacional, como bancada, informaron que no presentarán indicaciones en esta etapa, aunque algunos de sus parlamentarios actuaron de forma individual.
Un punto central de tensión radica en la admisibilidad de estas propuestas. Abogados de la Corporación han advertido que diversas indicaciones sociales, tales como el Bono Familiar de $100.000, la devolución del IVA o subsidios al pie de la vivienda, implican gasto fiscal o modificaciones tributarias. Al ser estas materias facultad exclusiva del Presidente de la República, corren el riesgo de ser declaradas inadmisibles por la Comisión de Hacienda, lo que significaría que no serían discutidas en el fondo ni formarían parte del documento comparado final.
Ante este escenario, el presidente de la comisión, el diputado republicano Agustín Romero, ha sugerido utilizar mecanismos reglamentarios para declarar la inadmisibilidad de múltiples propuestas en un solo acto, con el fin de agilizar el despacho y evitar dilaciones. Esta postura ha generado rechazo en sectores opositores; el diputado independiente Carlos Bianchi advirtió que tal medida impediría el ejercicio de la colegislación y causaría un daño a la convivencia nacional. Asimismo, se advierte que si caen las ayudas directas, el alivio para las familias quedaría reducido a una expectativa de reactivación económica a largo plazo.
El calendario de trabajo es exhaustivo: la sesión del martes se extenderá hasta la medianoche y el miércoles se retomará desde primeras horas de la mañana hasta lograr el despacho total, respondiendo a la suma urgencia impuesta por el Ejecutivo.
En cuanto al contenido de las propuestas, el bloque transversal de izquierda exige la devolución del IVA en medicamentos, servicios críticos y canasta básica para el 60% más vulnerable. El PDG condiciona su apoyo a la devolución del IVA en pañales para niños y adultos mayores vía Cuenta RUT, además de mantener beneficios del Sence para la minería. En el ámbito financiero, se impulsa el “Derecho al Olvido Financiero” o “Chao DICOM”, mientras que el FA y el PC buscan la condonación del CAE.
En vivienda, la UDI propone incluir bodegas y estacionamientos en la definición de vivienda única para beneficios tributarios; el bloque transversal pide subsidio al pie y fortalecimiento del Fogaes, y el PDG propone que el 19% del IVA de la vivienda se devuelva al comprador. Finalmente, la reactivación económica incluye una propuesta de tasa fija del 12,5% para pymes y una modificación al Mepco por parte del PPD para limitar los “bencinazos” a $30 cada 21 días. El proyecto también aborda temas emergentes como la regulación de la inteligencia artificial para limitar la minería de datos sin permiso de autores, el resguardo de la pesca artesanal y la eliminación de compensaciones a empresas con permisos rechazados por tribunales ambientales.
