El Ministerio de Bienes Nacionales ha revelado una cifra considerable respecto a la morosidad acumulada a favor de la cartera fiscal, la cual asciende a un total de 52.039 millones de pesos. Esta deuda se desglosa en tres categorías principales: las concesiones de uso oneroso (CUO), los arriendos y, en una proporción menor, las ventas a plazo. Cada uno de estos rubros opera bajo lógicas, montos y perfiles de deudores distintos, lo que ha llevado a la cartera liderada por la ministra Catalina Parot a implementar un plan integral de cobranza y recuperación de ingresos para el Estado.
Este proceso de recuperación se enmarca en el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. La distribución de los recursos recaudados varía según el instrumento: el Fisco percibe la totalidad de lo recaudado por concepto de arriendos, mientras que los gobiernos regionales reciben, por mandato legal, el 65% de los recursos provenientes de las ventas y las concesiones de bienes fiscales. La magnitud del problema es evidente al analizar los contratos: de un total de 5.188 contratos vigentes administrados por el ministerio, 2.079 se encuentran en situación de morosidad, lo que representa el 40,1% del total de los instrumentos que generan ingresos fiscales.
La ministra Catalina Parot ha sido enfática en señalar que los inmuebles fiscales deben ser activos que generen valor real para todos los chilenos. Según la autoridad, cuando un activo deja de producir ingresos durante años, deja de ser un recurso para convertirse en un pasivo y, consecuentemente, en una carga para el Estado, lógica que la actual administración ha decidido terminar. Desde el ministerio explican que la causa raíz de este escenario es que la cobranza no fue considerada una prioridad durante los últimos años. El análisis interno ha identificado fallas críticas en la gestión y el control, la existencia de sistemas digitales de cobranza que se encuentran desactualizados y un rezago significativo en la judicialización de los procesos de cobro.
Sobre este punto, el exministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, señaló que durante la administración de Gabriel Boric el promedio anual de ingresos por gestión de bienes fiscales aumentó en un 76% en comparación con la administración de Sebastián Piñera. Figueroa afirmó que el gobierno actual posee las condiciones necesarias para superar dicha cifra, destacando que se dejó una capacidad de fiscalización reforzada, un sistema de tramitación mejorado y un proceso de renovación del catastro ya iniciado. No obstante, subrayó que la administración actual deberá gestionar y destinar recursos para optimizar el sistema de cobranza, haciendo un llamado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para que apoye a la ministra Parot en este sentido.
En cuanto al detalle de las deudas, las Concesiones de Uso Oneroso (CUO) concentran la mayor parte del monto adeudado, con 34.033 millones de pesos distribuidos en 87 contratos en mora, correspondientes a 87 empresas. Esto representa un 18,1% de morosidad sobre un universo de 480 contratos. Estos instrumentos son utilizados para entregar terrenos fiscales destinados a proyectos productivos de gran escala, tales como infraestructura de telecomunicaciones, establecimientos industriales o comerciales, operaciones logísticas y portuarias ligadas a la minería, y proyectos de Energías Renovables No Convencionales en el norte del país. Geográficamente, la morosidad de las CUO se concentra en las regiones de Antofagasta (32%), Tarapacá (29%) y Atacama (21%).
Por otro lado, los arriendos son el rubro con mayor volumen de contratos morosos y el porcentaje de mora más alto del ministerio, con 1.950 contratos en mora de un total de 4.571 vigentes (42,7%), sumando un monto de 17.000 millones de pesos. Estos acuerdos abarcan desde fines habitacionales hasta productivos. Las regiones con mayor peso en este monto moroso son Arica (27%), Tarapacá (21%) y Coquimbo (12%). Finalmente, las ventas a plazo representan la menor cuantía, con 42 contratos en mora de 137 vigentes (30,7%), por un monto de 618 millones de pesos. En este caso, los deudores son mayoritariamente personas naturales y la gestión se realiza mediante notificaciones, términos anticipados de contratos y cobranza judicial a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Siguiendo una estrategia similar a la aplicada en la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Ejecutivo ha iniciado una búsqueda agresiva de los deudores, otorgándoles un plazo de 30 días para regularizar su situación. Las notificaciones comenzaron esta semana y, de no concretarse los pagos, se procederá al término de las concesiones y se solicitará la restitución de los inmuebles fiscales. La ministra Parot aclaró que ya se realizó un llamado público a las empresas antes de publicar la lista de morosos y que, tras las notificaciones formales iniciadas en mayo, se avanzará en la devolución de los bienes al Estado y la venta de aquellos activos que sean declarados prescindibles. Específicamente en las CUO, se han priorizado 56 expedientes para solicitar el término de la concesión y la devolución de los inmuebles, coordinando acciones con el CDE para agilizar la vía judicial, mientras que en los arriendos se aplican procedimientos de cobranza y términos anticipados para morosidades permanentes.
