El exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, ha roto su silencio público para pronunciarse sobre su situación jurídica en el denominado caso 'Apagón'. A través de un comunicado difundido este 10 de mayo de 2026, el exfuncionario afirmó su absoluta inocencia frente a las acusaciones de presunto peculado que la Fiscalía podría formular en su contra el próximo 14 de mayo, fecha programada para la audiencia de formulación de cargos.
La investigación fiscal se centra en un presunto delito de peculado, derivado de un informe de la Contraloría General del Estado. Según el organismo de control, se determinó un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano ascendente a los 100 millones de dólares, monto vinculado a los pagos efectuados a la empresa Progen. De esta cifra, 70 millones de dólares corresponden a la central El Salitral, situada en Guayaquil, provincia de Guayas, mientras que los 30 millones restantes están relacionados con la planta de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.
En su pronunciamiento, Calero justificó su silencio durante los últimos meses, asegurando que no se trató de una omisión, sino del cumplimiento de un estricto deber legal y un acto de respeto institucional. Esto se debe a su ingreso al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, lo cual restringía sus comunicaciones públicas.
El exfuncionario aseguró haber colaborado activamente con la justicia, entregando de manera voluntaria documentación técnica, chats y audios. Según Calero, estos elementos constituyen la evidencia real que permite esclarecer los hechos y señalar a quienes él considera los verdaderos responsables de las irregularidades. Asimismo, informó que, debido a los acontecimientos recientes, un nuevo equipo de patrocinio legal asumirá su defensa técnica.
Calero expresó su malestar ante la decisión de la Fiscalía de solicitar la formulación de cargos en su contra. Calificó como un giro inexplicable que, tras haber proporcionado información relevante, la institución pretenda convertirlo en el culpable elegido con el fin de encubrir intereses políticos.
La audiencia del 14 de mayo procesará a un total de 21 personas involucradas en la investigación de los contratos entre el holding estatal Celec y la compañía estadounidense Progen. Entre los procesados se encuentra Calero, quien además de gerente de Celec, se desempeñó como viceministro de Electricidad durante el Gobierno de Noboa, y el exministro de Energía, Antonio Goncalves, quien también ha rechazado su vinculación con el caso.
En cuanto a su responsabilidad administrativa, el exfuncionario recalcó que su gestión como gerente subrogante de Celec se limitó estrictamente al cumplimiento técnico de un plan de emergencia que fue liderado y dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas de aquel entonces. Calero fue enfático al asegurar que él no suscribió ningún contrato con la empresa Progen. Según su declaración, su actuación se limitó a la delegación técnica de la contratación a través de las unidades de negocios correspondientes, exigiendo siempre que los equipos entregados fueran nuevos y con cero horas de uso.
El exgerente sostuvo que cualquier irregularidad detectada en la entrega de maquinaria que resultara ser usada o defectuosa es responsabilidad directa del proveedor y de los funcionarios que administraron la ejecución del contrato, y no de quien dictó las directrices técnicas de cumplimiento apegadas a la Ley.
Además, Calero abordó las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en Florida, Estados Unidos, derivadas de una demanda presentada por Celec contra Progen. Negó categóricamente tener cualquier parentesco con Karla Saud Calero, persona que, según la investigación en EE. UU., recibió casi 50.000 dólares de la empresa Progen.
Finalmente, el exfuncionario denunció que su permanencia en el país ha provocado graves amenazas contra su vida y la de su familia, situación que reportó formalmente ante la Fiscalía el 1 de abril de 2026. Calero defendió su trayectoria profesional, basada en el rigor académico y el esfuerzo honesto, asegurando que posee un patrimonio limitado y transparente. Concluyó sugiriendo la creación de una comisión veedora para validar la información y afirmó que la ruta del dinero demostrará quiénes se beneficiaron ilícitamente de estas contrataciones.
