El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, ha vuelto a hacer acto de presencia en el espacio público a través de sus redes sociales tras un periodo de distanciamiento mediático. El pasado 10 de mayo, el legislador sinaloense publicó una fotografía junto a su madre, especificando que la ubicación de la imagen era Batequitas, en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa. En la publicación, Inzunza Cázarez acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “aquí, donde mi madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”.
Esta reaparición ocurre en un contexto legal y político sumamente complejo para el senador. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la existencia de una acusación formal en contra de Inzunza Cázarez. En este proceso legal también se encuentran implicados el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como otros ocho funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa.
De acuerdo con los señalamientos emitidos por las autoridades estadounidenses, los involucrados habrían establecido un pacto con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. El objetivo de este acuerdo, según la acusación, era facilitar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. A cambio de estas facilidades operativas para el tráfico de estupefacientes, los implicados supuestamente habrían recibido favores políticos destinados a asegurar su permanencia y perpetuarse en el poder durante el proceso electoral ocurrido en el año 2021.
Las repercusiones de estas acusaciones han trascendido el ámbito judicial para convertirse en un foco de conflicto político en México. Jorge Romero ha lanzado duras críticas contra la estructura del partido Morena, llegando a afirmar que la organización se ha convertido en un “narco partido”. Romero basó sus declaraciones en el caso de Rubén Rocha Moya, advirtiendo que existe un patrón claro de infiltración criminal dentro de las filas del partido.
En cuanto a su actividad legislativa, Enrique Inzunza Cázarez se ha mantenido alejado de su escaño en el Senado de la República desde que se hicieron públicas las acusaciones. El pasado 6 de mayo, el senador informó oficialmente sobre su decisión de no asistir a las sesiones de la Comisión Permanente.
Para justificar su ausencia en el recinto parlamentario, el legislador sinaloense argumentó que su decisión tenía como fin evitar que la “derecha conservadora” tuviera la oportunidad de convertir las sesiones en un espectáculo. Según Inzunza, su presencia podría haber sido utilizada para generar una escena que él calificó como indigna del recinto parlamentario.
A pesar de la presión legal ejercida desde Estados Unidos y las críticas políticas internas y externas, el senador ha intentado proyectar una imagen de tranquilidad y resistencia. En el mismo mensaje donde justificó su inasistencia al Senado, garantizó que se encontraba en su tierra natal, Sinaloa. En sus propias palabras, afirmó que se localizaba “a ras de suelo y con la frente en alto”, sugiriendo que no tiene nada que ocultar a pesar de los cargos formales presentados en su contra por el Departamento de Justicia estadounidense.
La situación del senador Inzunza Cázarez pone de relieve la tensión actual entre las autoridades de Estados Unidos y ciertos funcionarios públicos de Sinaloa, subrayando las graves sospechas de colusión entre el poder político y las estructuras del crimen organizado para influir en los resultados electorales y facilitar actividades ilícitas transfronterizas. Mientras el proceso legal avanza, el legislador permanece en su estado natal, lejos de sus responsabilidades en la capital del país.
