En el contexto de las tensiones comerciales que han marcado la relación entre Colombia y Ecuador, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su apertura para dar un paso hacia la desescalada. Esta postura se produce tras la intervención de la Comunidad Andina (CAN), organismo que emitió tres resoluciones exigiendo a los gobiernos de Ecuador y Colombia el retiro de los aranceles impuestos mutuamente. El bloque regional ha otorgado un plazo máximo de 10 días para que ambas naciones den cumplimiento a estas directrices y pongan fin a la disputa arancelaria.
La respuesta del mandatario colombiano llegó a través de la red social X la tarde del 8 de mayo de 2026. En su publicación, Petro citó la información sobre las resoluciones de la CAN y aseguró no tener "ningún problema" en retirar los aranceles aplicados a los productos procedentes de Ecuador. No obstante, el presidente subrayó que este proceso no sería indiscriminado, sino que se ejecutaría siguiendo "la misma forma y cronología como se pusieron", condicionando así el retiro a la simetría de las acciones tomadas previamente.
El origen de este enfrentamiento económico se remonta al 21 de enero, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estableció una "tasa de seguridad" del 30% sobre los productos colombianos. La administración de Noboa fundamentó esta decisión en lo que describió como una carencia de "acciones firmes" y una "falta de reciprocidad" por parte del gobierno de Petro en la gestión y el control de la zona fronteriza. Esta medida fue interpretada como el detonante de una serie de represalias económicas y energéticas.
Por su parte, el gobierno de Bogotá respondió con medidas contundentes. Una de las acciones más impactantes fue la suspensión del suministro de energía eléctrica hacia Ecuador, un país que en la actualidad lucha contra un déficit energético de aproximadamente 1.000 megavatios. A este corte de energía se sumaron los anuncios de la administración colombiana para implementar aranceles recíprocos contra los productos ecuatorianos, buscando equilibrar la carga impositiva impuesta por Quito.
La evolución de los aranceles ecuatorianos contra Colombia mostró una tendencia al alza desde febrero. El punto crítico se alcanzó el 1 de mayo, fecha en la que los aranceles llegaron al 100%. Esta situación generó una fuerte reacción en Colombia. A inicios de abril, cuando se anticipaba este incremento al 100%, Gustavo Petro afirmó que tal medida significaba "el fin del Pacto Andino para Colombia", refiriéndose al nombre histórico con el que se conoció a la actual Comunidad Andina.
A pesar de la tensión, se han observado algunos ajustes recientes. El 5 de mayo, cuatro días después de alcanzar el tope del 100%, se anunció que los aranceles impuestos por Ecuador bajarían al 75%, cambio que se hará efectivo el 1 de junio. Este movimiento precede la actual disposición de Petro de retirar las sobretasas, siempre y cuando se respete la cronología de las imposiciones originales.
La importancia de resolver este conflicto radica en la magnitud de la Comunidad Andina. Fundada en 1969, la CAN agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este bloque representa un mercado interno de cerca de 120 millones de personas, una escala demográfica similar a la de Japón. En términos financieros, el Producto Interno Bruto nominal de la unión es de unos 971.000 millones de dólares, lo que coloca al bloque en un nivel económico comparable al de potencias como Arabia Saudita o Suiza. La resolución de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador es fundamental para preservar la integridad de este mercado regional y el cumplimiento de las normas establecidas por el organismo integrador.
