A pocos días de cumplirse el primer mes de funciones de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), el próximo 14 de mayo, la institución ha comenzado a mostrar señales evidentes de inestabilidad interna. En apenas tres semanas de labores, ha quedado al descubierto una profunda grieta entre los magistrados que integran la novena magistratura, una división que ha trascendido la esfera privada para convertirse en un conflicto institucional público.
La gravedad de la situación escaló hasta la emisión de un comunicado oficial por parte de la propia Corte de Constitucionalidad la noche del pasado miércoles. En dicho documento, la institución denunció formalmente la existencia de amenazas dirigidas contra su presidenta, Anabella Morfín, así como contra la secretaria de la institución. Según se ha podido establecer, estas intimidaciones están estrechamente vinculadas a cuestionamientos sobre la gestión administrativa de la presidencia, específicamente en relación con el presunto retraso en la programación de ciertos casos para su discusión en el pleno de la Corte.
Esta fragmentación interna se manifiesta en la formación de dos bloques diferenciados dentro del tribunal. Por un lado, se encuentra el sector integrado por la presidenta Anabella Morfín y la magistrada Astrid Lemus, quienes fueron designadas por el Organismo Ejecutivo y el Colegio de Abogados, respectivamente. En contraposición, se ubica el grupo conformado por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, magistrados designados por el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario, en ese orden.
Los hechos ocurridos en las últimas tres semanas sirven como evidencia de esta polarización. Desde los primeros momentos posteriores a la toma de posesión, los magistrados Molina Barreto, Ochoa y Rivera presentaron una solicitud por escrito a la presidenta Morfín, exigiendo que se conociera con carácter de urgencia un recurso de amparo vinculado al trabajo de la postuladora para el Ministerio Público.
Otro punto de fricción significativo fue la disputa sobre la modalidad de las reuniones de trabajo. Se dio a conocer una petición firmada por seis de los diez magistrados que integran la Corte, en la cual solicitaban que las sesiones plenarias continuaran realizándose de manera virtual. Esta solicitud contradecía la disposición de la presidenta Morfín, quien había requerido que las sesiones se llevaran a cabo de forma presencial.
Ante este panorama, especialistas en el área jurídica han analizado la situación. La exmagistrada de Apelaciones Yolanda Pérez Ruiz señaló que la división dentro de la CC era previsible desde el momento de su integración. Pérez Ruiz advirtió que, si esta situación no se gestiona de manera adecuada, el conflicto podría escalar hasta llegar a una confrontación directa entre los miembros del tribunal. La exmagistrada subrayó que, aunque los criterios divididos son comunes en tribunales colegiados, la clave para la funcionalidad reside en mantener debates estrictamente técnicos. Según su experiencia, el consenso es más sencillo de alcanzar cuando se discuten temas técnicos que cuando las discusiones están impregnadas de politicalidades parcializadas.
Por su parte, el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac consideró que la divergencia de criterios al inicio de una magistratura es un proceso lógico de adaptación. Sin embargo, fue enfático al señalar que las presiones externas son inadmisibles y que, en caso de existir amenazas reales, es imperativo presentar las denuncias legales correspondientes.
Fuentes Destarac recordó que es fundamental establecer puntos de encuentro y respetar las competencias administrativas. Explicó que la administración del trabajo de la corte es responsabilidad exclusiva de la presidencia, quien toma las decisiones sobre la programación del pleno. No obstante, aclaró que los demás magistrados poseen el derecho de formular peticiones internas a la autoridad administrativa para sugerir los temas que deban ser conocidos por el pleno.
Finalmente, Pérez Ruiz insistió en que la única vía para evitar una crisis institucional es la búsqueda de canales de diálogo. La jurista manifestó su deseo de que los magistrados puedan sentarse a conversar sobre las obligaciones prioritarias para el país, con el fin de garantizar un ambiente institucional capaz de resolver los problemas que afectan a la ciudadanía.
