La entidad fintech Nu Colombia, fundada por David Vélez y actualmente liderada por Marcela Torres, ha emitido una advertencia pública sobre la falta de implementación efectiva de un beneficio tributario clave para los usuarios del sistema financiero en el país. Según la organización, el alivio que elimina el cobro del impuesto del 4x1000 en las transferencias realizadas entre cuentas propias, el cual está contemplado en la Ley 2277 de 2022, sigue sin aplicarse plenamente a pesar de que han transcurrido 501 días desde su establecimiento.
Esta situación fue puesta de relieve durante un panel de conversación en el que participaron Marcela Torres y Gabriel Santos, quien se desempeña como presidente de Colombia Fintech. Durante el encuentro, se reveló que la persistencia de este cobro representa un impacto económico directo para los ciudadanos, estimando que el 4x1000 genera costos aproximados de 800.000 pesos por persona cada año.
Gabriel Santos señaló que el sistema financiero se encuentra técnicamente preparado para ejecutar la normativa, asegurando que el 98% de la infraestructura ya está lista para implementar la ley. No obstante, el representante de Colombia Fintech reconoció que el avance real depende ahora de una acción administrativa, específicamente de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Hacienda den el denominado banderazo inicial para que la medida entre en vigencia.
En el marco de la discusión, se subrayó que el plazo legal para hacer realidad este beneficio venció hace varios meses. Para los ponentes, la ausencia de aplicación de la ley no parece ser una decisión consciente, sino que se percibe más como un error del sistema. En este sentido, hicieron un llamado a la creación de un sistema financiero que esté verdaderamente conectado y que priorice las necesidades de las personas por encima de los procesos burocráticos.
De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, la norma vigente permite eximir este impuesto en transferencias mensuales de hasta 18,3 millones de pesos. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta exención se ha visto impedida por la falta de articulación y coordinación entre los actores principales, donde se incluyen a la Dian, el Ministerio de Hacienda, TransUnion y las diversas entidades financieras del país.
Santos fue crítico respecto a la postura del Estado, afirmando que se imponen cargas exageradas a los ciudadanos. Según el funcionario, existe un tema de conveniencia detrás de la permanencia de este impuesto, ya que resulta excesivamente fácil de recaudar para el gobierno. Por ello, recalcó que para concretar el cambio es indispensable contar con voluntad política y un trabajo coordinado entre el sector público y el privado.
Por su parte, Nu Colombia enfatizó que la tecnología necesaria para ejecutar el alivio ya existe en el mercado. Lo que hace falta, según la compañía, es la voluntad institucional para establecer un intercambio de información que sea diario y transparente. La fintech sostiene que este beneficio no debe ser visto como un privilegio, sino como un derecho fundamental para todos los usuarios del sistema financiero colombiano.
Como medida proactiva ante esta situación, Nu anunció que tomará acciones directas para beneficiar a sus clientes. La compañía informó que, del 5 al 9 de mayo, los usuarios que trasladen su dinero a un CDT en Nu recibirán un beneficio económico: la entidad regresará el valor del 4x1000 que el sistema haya cobrado por traer esos recursos desde otra entidad financiera.
Marcela Torres reiteró que la Dian debe brindar mayor claridad sobre el proceso de implementación, insistiendo en que el sector está listo y que es fundamental que los colombianos puedan experimentar los beneficios y probar nuevas opciones en el sector financiero.
Finalmente, Gabriel Santos mencionó que el próximo presidente de la República heredará el reto de mantener el ritmo de transformación financiera que ha tenido Colombia. Destacó que, dado el ambiente electoral de las últimas semanas, es imperativo poner estos desafíos técnicos y normativos sobre la mesa para asegurar que se concreten acciones reales con el próximo Gobierno.
