En una sesión celebrada este martes 5 de mayo de 2026, la comisión de postulación para la elección del Fiscal General de la República vivió una jornada marcada por el cierre administrativo de la fase de candidatos y la irrupción de un requerimiento judicial proveniente de la Fiscalía contra la Corrupción. Durante la reunión, que inició a las 14:17 horas, los comisionados no solo confirmaron la ausencia de impugnaciones a la nómina final, sino que también tuvieron que atender una solicitud formal de información derivada de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.
El comisionado Luis Aragón Solé fue el encargado de dar lectura a la comunicación oficial remitida por la Fiscalía contra la Corrupción. En dicho documento, el ente fiscal solicita información detallada y fundamentada sobre dos ejes principales: primero, los requisitos específicos que deben cumplir los aspirantes para postularse al cargo de fiscal general en el actual proceso electoral; y segundo, un informe pormenorizado sobre el procedimiento administrativo que ha sido ejecutado por la comisión encargada del periodo 2026-2030.
La solicitud de la fiscalía no se limita a una descripción general, sino que exige que se explique con precisión el protocolo a seguir en los casos en que un postulante no cumpla con los requisitos legales establecidos para optar al cargo. La Fiscalía contra la Corrupción ha solicitado que cada etapa de dicho procedimiento sea informada y debidamente fundamentada. Para dar cumplimiento a este requerimiento, los comisionados disponen de un plazo no mayor a cinco días hábiles para remitir la respuesta.
Ante este escenario, el comisionado Aragón Solé sugirió que la respuesta a la Fiscalía se base estrictamente en el marco legal vigente. En ese sentido, propuso que el informe se fundamente en los requisitos para ser fiscal general establecidos en los artículos 251, 216 y 113 de la Constitución de la República, así como en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación. Esta indagación judicial es el resultado de una de las dos denuncias interpuestas por la Fundación contra el Terrorismo, entidad que ha sugerido la existencia de posibles irregularidades en el proceso de ponderación de algunos de los postulantes, extremo que la Fiscalía ahora busca comprobar mediante la información requerida.
Paralelamente a este requerimiento judicial, la comisión de postulación confirmó un avance decisivo en el calendario electoral. Los comisionados verificaron que no se presentaron impugnaciones contra la nómina de los seis candidatos seleccionados. Tras esta confirmación, acordaron el envío del informe correspondiente al presidente de la República, Bernardo Arévalo. Con esta acción, se concluyó oficialmente la fase de elección de candidatos, según informó el medio Guatemala Visible.
Es importante señalar que este proceso de elección forma parte de las denominadas elecciones de segundo grado. En este esquema, la designación final del próximo jefe del Ministerio Público recae en el presidente Bernardo Arévalo, quien ya ha llevado a cabo las entrevistas personales con los seis profesionales nominados. La nómina final, que ahora pasa a manos del Ejecutivo, está integrada por los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Por su parte, Claudia Paredes, presidenta de la comisión postuladora, defendió la legitimidad del proceso. Paredes indicó que todas las etapas se desarrollaron bajo los principios de objetividad, transparencia e integridad, cumpliendo estrictamente con el principio de legalidad. Asimismo, agradeció la labor de los comisionados por fungir como garantes en cada fase del proceso y reiteró que se respetaron los parámetros mandados por la Constitución Política de la República, la Ley de Comisiones de Postulación y las normativas internas aprobadas por el propio cuerpo colegiado. La presidenta concluyó informando que esta sesión fue la última programada, a menos que surgiera algún evento extraordinario conforme a la ley.
