La Superintendencia de Bancos, actuando en estrecha coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ha procedido a solicitar información financiera detallada al Banco Guayaquil sobre diversas personas vinculadas al denominado caso Encuentro. Esta acción se desarrolla en el marco de una investigación exhaustiva que busca desarticular una presunta red de corrupción que habría operado en el país, analizando minuciosamente los flujos de capital de los implicados.
El director de la UAFE, José Julio Neira, ha confirmado que este requerimiento es el resultado de procesos técnicos de análisis de inteligencia financiera. El objetivo primordial es identificar posibles irregularidades y anomalías en los movimientos económicos de las personas bajo observación. Para asegurar que no se escape ningún detalle transaccional, las autoridades han solicitado que la información abarque un periodo extenso, comprendiendo desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario Neira, la solicitud se dirigió específicamente al Banco Guayaquil debido a que los reportes preliminares indicaron que varios de los sujetos investigados mantenían productos financieros activos en dicha entidad. Asimismo, se ha establecido que estas personas habrían tenido vínculos directos con el denominado Gobierno del Encuentro, el cual estuvo bajo la administración del expresidente Guillermo Lasso.
Dentro del grupo de personas cuyos movimientos serán revisados exhaustivamente se encuentran Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh. No obstante, las autoridades han precisado que el universo de análisis es más amplio y que existen otras personas bajo investigación. Para no entorpecer las diligencias actuales y proteger la integridad del proceso, la identidad de estos otros involucrados se mantiene bajo reserva.
El propósito fundamental de esta solicitud es lograr la reconstrucción precisa de los esquemas financieros que pudieron haber sido utilizados dentro de la presunta estructura criminal investigada. Para ello, la UAFE y la Superintendencia de Bancos han requerido datos específicos que incluyen el detalle de los productos financieros contratados, los expedientes de vinculación de los clientes y los perfiles de riesgo asignados en materia de lavado de activos. De igual manera, se han solicitado las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional del banco y la presentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que pudieran haber sido emitidos.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos ha hecho hincapié en que este proceso de recopilación de datos no constituye, por sí mismo, una determinación de responsabilidad penal o administrativa para los investigados. La entidad subrayó que estas acciones responden al fortalecimiento de los controles y a la aplicación de medidas preventivas dentro del sistema financiero ecuatoriano, asegurando que toda la información recopilada será analizada en coordinación con las autoridades competentes y garantizando estrictamente el debido proceso.
En este engranaje institucional, la UAFE desempeña un rol técnico fundamental. Su función consiste en procesar los reportes de operaciones inusuales que son generados por el sistema financiero, transformando esos datos en insumos técnicos que sirven a la Fiscalía General del Estado para el desarrollo y sustento de las investigaciones penales correspondientes.
El caso Encuentro se centra en la investigación de una presunta red de delincuencia organizada que habría operado entre los años 2021 y 2023, específicamente dentro de empresas públicas del sector eléctrico. La trama investigada gira en torno a supuestos esquemas de cobro de sobornos y la venta de cargos públicos, mediante los cuales se habrían colocado funcionarios en posiciones estratégicas a cambio de beneficios económicos personales.
Hasta la fecha, este proceso ya ha generado resultados judiciales concretos, incluyendo sentencias contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, quien se desempeñó como gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Estos fallos han intensificado la presión y el seguimiento de las autoridades sobre todos los flujos financieros vinculados a esta red.
Como dato adicional sobre el contexto de la lucha contra los delitos económicos, Neira reveló que en 2025 la UAFE reportó a la Fiscalía movimientos irregulares que superan los 1.500 millones de dólares. Estas transacciones fueron detectadas tanto en el sistema financiero nacional como en el sector de economía popular y solidaria, presentando patrones asociados al lavado de activos, el testaferrismo y diversos actos de corrupción.
Finalmente, las autoridades ecuatorianas no han limitado sus gestiones al ámbito interno, manteniendo coordinaciones internacionales para asegurar la comparecencia de los investigados. Estas acciones se están llevando a cabo en países como Argentina, Colombia y España. Con la implementación de estas medidas, los organismos de control pretenden reforzar la vigilancia del sistema financiero, prevenir riesgos asociados a delitos económicos y sostener la confianza institucional en el país.
