En un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro funcionarios del centro penitenciario de El Pedregal, ubicado en el occidente de la ciudad de Medellín. Los implicados en este proceso judicial son tres dragoneantes y un auxiliar, quienes se desempeñaban como guardianes en este establecimiento de alta y mediana seguridad. Las autoridades señalan que estos servidores públicos habrían utilizado su cargo y el acceso privilegiado que tenían al penal para cometer delitos graves relacionados con el tráfico de estupefacientes y el acceso carnal abusivo contra varias mujeres privadas de la libertad.
La captura de estos cuatro funcionarios es el resultado de una exhaustiva investigación que se extendió durante cuatro meses. Durante este periodo, los organismos de inteligencia y justicia lograron recolectar material probatorio contundente sobre las conductas punibles cometidas por los implicados. Según consta en el expediente judicial, los capturados aprovechaban su rol institucional para ingresar al penal sustancias prohibidas, teléfonos celulares y licor. Estos elementos no eran introducidos con el fin de ser vendidos monetariamente, sino que eran utilizados como una moneda de cambio. El objetivo era que las internas, a cambio de estos artículos y sustancias, accedieran a sostener encuentros sexuales con los guardianes.
La indagación, respaldada por la administración distrital, reveló detalles alarmantes sobre el modus operandi empleado por los funcionarios. Se ha informado que los implicados se valieron de la ayuda de una interna, quien actuaba como enlace para contactar a las víctimas y facilitar los encuentros. Más grave aún, la investigación señala que, en algunos de los casos, los guardianes habrían suministrado sustancias a las reclusas con el propósito de ponerlas en estado de indefensión, facilitando así la comisión de los delitos sexuales.
Para llegar a estas capturas, el proceso investigativo incluyó la realización de 14 entrevistas detalladas, diversas diligencias de reconocimiento y un análisis articulado con otros procesos judiciales en curso. Gracias a este trabajo técnico y testimonial, los organismos de investigación lograron documentar y probar al menos seis episodios asociados a delitos sexuales y nueve incidentes relacionados con el tráfico de estupefacientes dentro del penal.
Las capturas se llevaron a cabo en diferentes puntos estratégicos. Mientras que algunos de los funcionarios fueron aprehendidos dentro de las instalaciones de la cárcel El Pedregal, otros fueron localizados y capturados en los barrios Caribe y Castilla de Medellín. Tras las detenciones, los implicados fueron llevados ante un juez en la audiencia de legalización de captura. Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez del caso halló mérito suficiente para imponerles una medida de aseguramiento, ordenando que cumplan su proceso en un establecimiento carcelario.
Este caso se suma a una serie de denuncias y situaciones irregulares que han afectado la reputación y el funcionamiento de la cárcel El Pedregal. Recientemente, la Veeduría Penitenciaria de Colombia solicitó formalmente que el Inpec inicie investigaciones sobre otros presuntos actos de corrupción dentro de la penitenciaría, señalando que existen guardianes y guardianas que estarían obteniendo ganancias millonarias a través de actividades ilícitas.
Asimismo, el centro carcelario ha sido escenario de protestas sociales. En el mes de enero, se registraron manifestaciones debido a presuntas extorsiones cometidas por miembros de la guardia contra las familias de los privados de la libertad. Según las denuncias, los funcionarios habrían cobrado sumas de dinero de hasta 500.000 pesos para permitir el ingreso de kits alimentarios y comida en general, situación que ocurrió durante un cierre temporal del rancho. Estas acciones fueron descritas por las víctimas y denunciantes como un negocio basado en el hambre de las personas recluidas, evidenciando una crisis de integridad en el cuerpo de custodia del penal.
