Morena se deslindó del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado que han generado una crisis política en el estado. Diversos senadores y diputados del partido gobernante dejaron el futuro del exmandatario en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), enfatizando que debe asumir las consecuencias de las investigaciones en curso.
La separación de Rocha Moya de su cargo, solicitando una licencia, no ha resuelto la crisis, según ha señalado el Partido Acción Nacional (PAN), que insiste en la posible desaparición de poderes en Sinaloa. Mientras tanto, la FGR avanza en sus investigaciones, y los políticos morenistas se muestran cautelosos, evitando pronunciarse directamente sobre la inocencia o culpabilidad del exgobernador.
El senador Gerardo Fernández Noroña fue la excepción, expresando su confianza en la inocencia de Rocha Moya, pero al mismo tiempo advirtiendo que, de ser encontrado culpable, no habrá impunidad. No habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso , declaró Noroña, subrayando el compromiso del partido con el estado de derecho.
Sin embargo, otros senadores morenistas se mostraron más distantes. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al ser cuestionado sobre su confianza en Rubén Rocha, respondió simplemente que no lo conozco , evidenciando la falta de cercanía y la prudencia ante las acusaciones.
La diputada Dolores Padierna celebró que Rocha Moya haya solicitado licencia, afirmando que ahora está a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo . Esta declaración refleja la postura generalizada dentro de Morena de no interferir en el proceso legal y dejar que la FGR determine la responsabilidad del exgobernador.
La ausencia de Rocha Moya y su suplente, Yeraldine Bonilla, fue notable en el Congreso Nacional de Morena, celebrado este domingo. En el presidium, donde se encontraban todos los gobernadores emanados del partido, sus asientos permanecieron vacíos, una clara señal de la deliberada distancia que Morena está manteniendo con el gobierno de Sinaloa.
El Congreso Nacional, que reunió a 1,830 congresistas, contó con la presencia de los principales líderes del partido, incluyendo a la presidenta Luisa María Alcalde Luján, la secretaria General Carolina Rangel, el secretario de Organización Andrés Manuel López Beltrán y la secretaria de Comunicación Camila Martínez. Sin embargo, la ausencia de representantes de Sinaloa fue un hecho significativo, subrayando la gravedad de las acusaciones y la decisión de Morena de no respaldar públicamente al gobernador con licencia.
Durante el congreso, se votaron reformas al estatuto de Morena, incluyendo la creación formal del cargo de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, la posibilidad de afiliar militantes de manera digital y la incorporación de las presidencias de los Consejos estatales como consejerías nacionales. Estas reformas buscan fortalecer la estructura interna del partido y modernizar sus procesos de afiliación y toma de decisiones.
Las acusaciones contra Rocha Moya se derivan de investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos, que lo vinculan con el crimen organizado. Estas acusaciones han generado una fuerte presión sobre Morena y han puesto en entredicho la política de seguridad del gobierno federal en Sinaloa, un estado clave en la lucha contra el narcotráfico.
La FGR ha intensificado sus investigaciones en Sinaloa, buscando pruebas que confirmen o desmientan las acusaciones de Estados Unidos. La detención de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, anunciada recientemente por la Marina, ha añadido más tensión a la situación y ha reforzado la necesidad de una investigación exhaustiva.
La crisis en Sinaloa representa un desafío importante para Morena, que ha defendido una política de abrazos, no balazos en la lucha contra el crimen organizado. Las acusaciones contra Rocha Moya ponen en duda la efectividad de esta estrategia y han generado críticas por parte de la oposición, que exige una mayor contundencia en la lucha contra el narcotráfico.
El futuro de Rubén Rocha Moya está ahora en manos de la FGR, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para procesarlo por los delitos que se le imputan. La decisión de la Fiscalía tendrá importantes implicaciones políticas y podría afectar la estabilidad del gobierno de Sinaloa y la imagen de Morena a nivel nacional. La distancia que el partido ha mantenido hasta ahora sugiere que no está dispuesto a arriesgar su reputación defendiendo a un exgobernador acusado de vínculos con el crimen organizado.
