Sectores clave de la sociedad ecuatoriana, incluyendo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), han manifestado su apoyo a una iniciativa que busca la salida anticipada del presidente Daniel Noboa. La creciente presión se basa en acusaciones de incumplimiento de promesas de campaña, decisiones controvertidas en la gestión de recursos naturales y cuestionamientos sobre la soberanía nacional.
Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari y quien fuera candidato presidencial, confirmó la resolución de su organización de respaldar el proceso de revocatoria, coordinándose con otros colectivos sociales. Iza argumenta que existen fundamentos sólidos para activar este mecanismo constitucional, señalando específicamente el incumplimiento del plan de gobierno presentado por Noboa durante su campaña electoral. Además, critica las decisiones tomadas en relación con los recursos naturales, alegando que estas se han implementado sin la debida consulta a las comunidades afectadas, lo que contraviene los derechos de participación ciudadana. Los cuestionamientos sobre la soberanía nacional también figuran entre las razones esgrimidas para impulsar la revocatoria.
Durante la reciente marcha del 1 de mayo en Quito, Iza advirtió que el proceso de revocatoria podría enfrentar obstáculos por parte de las instituciones estatales. Sin embargo, enfatizó que, en caso de que estos obstáculos se materialicen, las organizaciones sociales intensificarán sus acciones de protesta para ejercer mayor presión sobre el gobierno. Esta advertencia subraya la determinación de los grupos movilizadores de llevar adelante la iniciativa, incluso frente a posibles dificultades burocráticas o políticas.
En paralelo al anuncio del apoyo a la revocatoria, organizaciones sindicales han revelado un plan de movilizaciones progresivas como parte de su estrategia para presionar la salida del mandatario. Andrés Quishpe, titular de la UNE, declaró que se activarán diversas vías para lograr el fin anticipado del mandato de Noboa, asegurando que el proceso se desarrollará tanto en los espacios institucionales como en las calles. Esta declaración indica una intención de combinar acciones legales y políticas con movilizaciones sociales para maximizar el impacto de la iniciativa. La próxima jornada nacional de protestas está programada para el 28 de mayo, lo que sugiere una escalada en la presión sobre el gobierno en las próximas semanas.
A pesar del creciente apoyo a la revocatoria, existe un escepticismo generalizado sobre las posibilidades reales de éxito debido a la percepción de parcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE). Edwin Bedoya, presidente del FUT, expresó que, si bien apoyan la revocatoria, no albergan grandes esperanzas en el proceso, ya que consideran que cuentan con un árbitro en contra , en clara referencia al CNE. Esta desconfianza en la imparcialidad del CNE podría complicar la recolección de firmas y la verificación de los requisitos legales necesarios para llevar adelante la revocatoria.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ha respondido a estas iniciativas calificándolas como narrativas impulsadas por sectores extremistas. En declaraciones a Ecuavisa, la funcionaria defendió la necesidad de estabilidad para generar empleo y producción, argumentando que el Ejecutivo se mantiene enfocado en atender las demandas de la ciudadanía en medio del actual contexto económico. Esta respuesta refleja la postura del gobierno de deslegitimar las demandas de los sectores movilizadores y de enfatizar la importancia de mantener la estabilidad política y económica.
El proceso de revocatoria del mandato en Ecuador está contemplado en la Constitución y requiere la recolección de un número determinado de firmas, así como el cumplimiento de otros requisitos establecidos por el CNE. El CNE, como autoridad administrativa, es responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para llevar adelante el proceso de revocatoria. Sin embargo, la credibilidad del CNE ha sido cuestionada en el pasado, lo que genera dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso.
Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado públicamente sobre las iniciativas de revocatoria en su contra. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una señal de preocupación, mientras que otros lo ven como una estrategia para evitar alimentar el debate público sobre el tema. La falta de una respuesta oficial por parte del presidente podría aumentar la presión sobre el gobierno y fortalecer el apoyo a la revocatoria.
La situación política en Ecuador se encuentra en un punto crítico, con una creciente polarización entre el gobierno y los sectores sociales. El futuro del mandato de Daniel Noboa dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para responder a las demandas de la ciudadanía, de la imparcialidad del CNE en el proceso de revocatoria y de la intensidad de las movilizaciones sociales en las próximas semanas. La jornada del 28 de mayo se perfila como un momento clave para determinar el rumbo político del país.
