El exministro de Energía y Minas, Antonio Gon alves, rechazó categóricamente las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación en su contra, relacionadas con el caso Progen, una investigación por presunto peculado en la contratación de la empresa estadounidense Progen por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Gon alves calificó la acción judicial como un ataque a su honor y trayectoria profesional a través de un comunicado público emitido el 2 de mayo de 2026.
La Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia, el pasado 29 de abril, la programación de una audiencia para formular cargos contra 21 personas involucradas en el caso. La investigación se centra en el presunto delito de peculado derivado de la contratación de Progen para la instalación de generadores eléctricos en las estaciones Salitral, ubicada en la provincia de Guayas, y Quevedo, en Los Ríos. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa estadounidense habría generado un perjuicio económico estimado en 110 millones de dólares para el Estado ecuatoriano.
Gon alves argumenta que el extenso expediente fiscal, que supera las 25.000 páginas tras diez meses de investigación preliminar, carece de pruebas o fundamentos fácticos que lo vinculen con el presunto delito. El exministro detalló una serie de descargos para respaldar su defensa.
En su comunicado, Gon alves enfatizó su desconocimiento total sobre la empresa Progen y sus representantes. Afirmó no haber tenido contacto alguno con funcionarios de la compañía, ni haber visitado sus instalaciones o los sitios de los proyectos en cuestión. Además, declaró no haber recibido informes técnicos específicos de Celec EP relacionados con estos procesos, ni tener conocimiento alguno sobre el supuesto ilícito que se investiga.
"No conozco ni tuve contacto con ningún funcionario de Progen; no visité las instalaciones de dicha empresa ni las ubicaciones de los proyectos; no recibí reportes técnicos específicos de CELEC EP sobre esos procesos; y no tengo conocimiento alguno del supuesto ilícito que se investiga", reiteró Gon alves.
El exministro instó a la Fiscalía a ampliar la investigación y utilizar mecanismos de cooperación judicial internacional con las autoridades de Estados Unidos para rastrear el destino de los 110 millones de dólares. Según Gon alves, los fondos fueron depositados en una cuenta del Regions Bank en Miami, y el seguimiento de esta transacción es crucial para identificar a los verdaderos responsables del presunto delito.
"La ruta de ese dinero es clave para identificar a los verdaderos responsables", subrayó Gon alves, insistiendo en que el esclarecimiento de la verdad depende de la investigación de los flujos financieros.
Gon alves rechazó enfáticamente cualquier implicación en el caso y aseguró que no permitirá que su reputación sea dañada por acusaciones infundadas. Se comprometió a defender su inocencia ante la justicia y a colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.
"No permitiré el uso del sistema penal para afectar mi reputación y aseguraré mantener mi postura de frente ante la justicia", declaró el exministro.
El caso Progen ha generado gran atención mediática en Ecuador, debido a la magnitud del presunto perjuicio económico al Estado y la posible implicación de altos funcionarios públicos. La Fiscalía continúa con la investigación y espera presentar pruebas contundentes para sustentar las acusaciones contra los implicados. La Corte Nacional de Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un juicio penal contra los acusados, incluyendo al exministro Gon alves. El desarrollo de este caso podría tener importantes implicaciones políticas y económicas en el país. La defensa de Gon alves se centra en la falta de pruebas directas que lo vinculen con el presunto delito y en la necesidad de investigar a fondo el destino de los fondos que fueron transferidos a una cuenta bancaria en Estados Unidos. La transparencia y la imparcialidad en la investigación son fundamentales para garantizar que se haga justicia y se protejan los intereses del Estado ecuatoriano.
