A pesar de la investigación preliminar del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el caso ONPE, tres de los siete implicados continúan desempeñando sus funciones en la institución electoral, justo antes del inicio de la organización de la segunda vuelta presidencial.
Se trata de Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones de la Subgerencia de Logística; William García, asistente de Seguimiento y Monitoreo de Presupuesto; y Hilda Otoya Alvarado, asistente de Distribución 2 de la Subgerencia de Producción Electoral. Todos permanecen en sus cargos incluso tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE y el inicio de la investigación, que según el fiscal Raúl Martínez, se abrió el 12 de abril, tras revelaciones sobre presuntas irregularidades en el traslado de material electoral y los antecedentes de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
Este Diario contactó a los abogados Teodoro Ycochea y Jener Cáriga, representantes de Otoya Alvarado y Flores Bancho, respectivamente, quienes confirmaron que sus clientas siguen en sus puestos. Ycochea explicó que Otoya ha trabajado como locadora de servicios en la ONPE durante nueve años, con contratos renovados periódicamente. Cáriga, por su parte, aseguró que Flores le indicó en su última comunicación que continúa en el organismo electoral.
La ONPE informó que el único funcionario suspendido es Juan Phang, quien estará apartado de la institución durante todo el proceso administrativo disciplinario (PAD), que podría durar hasta un año. Actualmente, el caso de Phang se encuentra en la etapa de levantamiento de información, que tomará aproximadamente tres meses. Durante este proceso, el implicado tiene derecho a defensa, puede presentar pruebas e incluso apelar administrativamente.
La situación de William García difiere. La Gerencia de Gestión Electoral, a la que pertenece, aún no ha remitido la información necesaria para determinar su posible responsabilidad en los problemas relacionados con el despacho de material electoral. Por lo tanto, continuará en la institución mientras no haya indicios de irregularidades de su parte durante la jornada electoral del 12 de abril.
En cuanto a Hilda Otoya y Lilia Flores, la ONPE precisó que, al ser locadoras de servicios, no se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en su contra, ya que su vínculo contractual es de naturaleza civil. Otoya, al igual que García, tampoco ha sido identificada como presunta responsable de los hechos que investiga la Fiscalía en relación con Piero Corvetto.
El fiscal Raúl Martínez, quien inicialmente estuvo a cargo del caso, señaló que la investigación preliminar comenzó el 12 de abril, tras detectarse las presuntas irregularidades en la entrega de material electoral.
Según la Fiscalía, Corvetto, en su calidad de máxima autoridad, habría realizado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026. Habría nombrado a funcionarios como José Samamé, gerente de gestión electoral, sin la experiencia necesaria para el cargo. También permitió la designación de Juan Phang como subgerente de Producción Electoral, lo que llevó a la formulación y suscripción de los servicios N 000970 y 000980, con Términos de Referencia y factores de evaluación que no eran objetivos ni justificados, generando ventajas indebidas para la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. Esto, según la Fiscalía, configuraría un aparente direccionamiento en el proceso de contratación.
Samamé, según el Ministerio Público, participó en la formulación del pedido del servicio de traslado de material electoral desde la Gerencia de Gestión Electoral. En su calidad de gerente, designó a Juan Antonio Phang como subgerente de Producción Electoral. La Fiscalía sostiene que la participación de Samamé y Phang, quienes respondían jerárquicamente a Corvetto, evidenciaría un esquema para concentrar la toma de decisiones y evitar su revisión, lo que facilitaría un acuerdo con un postor predeterminado.
Además, la Gerencia de Gestión Electoral, bajo la dirección de Samamé, habría promovido la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, aprobado el 19 de enero de 2026, por un monto de S/ 8 950,000.00.
La Fiscalía indica que Samamé estuvo a cargo de elaborar las bases de selección para la contratación del servicio de transporte de material electoral y habría coordinado con Juan Charls Alvarado, gerente de la empresa Galaga, para favorecerla en la obtención de la buena pro, flexibilizando los Términos de Referencia a su favor para las elecciones de 2026. También habría otorgado conformidad al servicio durante la fase de ejecución.
William García Velásquez, asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuesto de la Gerencia de Gestión Electoral, habría participado directamente en la evaluación técnica de las propuestas económicas y en la aplicación de un criterio de cálculo que favoreció a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
El requerimiento fiscal precisa que García participó en la certificación de la presentación de propuestas económicas, documento en el que también intervino Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística. Según el Ministerio Público, en este documento se aplicó un criterio de cálculo que descontaba los metros correspondientes a la cabina del vehículo.
Durante una audiencia, la Fiscalía presentó una conversación entre García Velásquez y Phang Sánchez, en la que el primero le dice al segundo: Ganó Gálaga, a pesar de que AFE presentó una oferta de ( ). La propuesta técnica pesó más a favor de Gálaga . Phang respondió: Bien, gordito. Que notifique. Buen trabajo .
La participación de Otoya, según la Fiscalía, se centra en la elaboración, tramitación y gestión de servicios, incluyendo la determinación de la relación de conductores, placas y personal para el despacho de material electoral y equipos de cómputo. También se alega que habría coordinado con Juan Charles Alvarado Cuyo, gerente de la empresa Galaga, para beneficiar a esta empresa en el servicio de transporte, lo que involucraría a otros funcionarios de la ONPE. La Fiscalía considera que existe un riesgo de fuga de Otoya debido a su contrato CAS.
Flores Bancho fue designada para participar en el procedimiento de selección del servicio de transporte, realizando la comparación de propuestas. Su actuación relevante fue la adopción de un criterio en la evaluación técnica que, sin justificación documental en los Términos de Referencia, favorecía a la empresa Galaga S.A.C.
El experto en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón consideró que los implicados en las investigaciones deberían apartarse de sus cargos, como lo hizo Piero Corvetto, para no afectar la credibilidad electoral de cara a la segunda vuelta. Esto resta credibilidad a la institución porque se han cuestionado al propio responsable , afirmó. Añadió que las investigaciones revelan que los problemas persisten en la ONPE. Son temas de personas. Si siguen ahí, el mismo tufillo de ineficiencia sigue en la institución , concluyó. Estas personas no están haciendo ninguna función relevante para el proceso. Deberían salir .
