El abogado y exsenador por el Maule, Rodrigo Galilea Vial, finalizó un fideicomiso de ocho años con la administradora de fondos Picton, obteniendo una utilidad de más de $10.511 millones. Este fideicomiso, suscrito en 2018 durante su periodo como parlamentario, se convirtió en el más duradero desde la entrada en vigor de la ley de probidad y prevención de conflictos de interés en 2016. La gestión de Picton, la misma que actualmente administra los fondos de los ministros de Defensa, Fernando Barros Tocornal, y de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, demostró una rentabilidad nominal anualizada del 9,5% sobre el saldo promedio administrado, alcanzando una rentabilidad total del 104,6% en los ocho años.
Galilea, conocido por su patrimonio acumulado a través de negocios inmobiliarios, encomendó a Picton la administración de $23.076 millones en abril de 2018. A lo largo de su periodo como senador, se realizaron aportes adicionales, elevando el total administrado a $29.806 millones. Sin embargo, en 2020, Galilea retiró $23.585 millones para realizar inversiones directas en el extranjero, una práctica que no requiere la suscripción de un fideicomiso.
La rendición de cuentas final, realizada el 11 de marzo pasado, revela que Picton restituyó a Galilea $16.733 millones. La utilidad generada por la revalorización del patrimonio ascendió a $11.367 millones, superando significativamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo periodo, que se situó en torno al 48%.
La gestión de Picton destacó especialmente en 2020, año marcado por la crisis económica global provocada por la pandemia de COVID-19 y el estallido social en Chile. A pesar de que el IPSA, el principal índice bursátil chileno, experimentó su peor desempeño anual desde 2013, con una caída del 10%, la administradora logró obtener utilidades superiores a los $2 mil millones.
Una parte importante de la estrategia de inversión de Picton incluyó la diversificación de activos en el extranjero. Al finalizar el periodo de administración, se reportaron activos por un valor de US$ 4,5 millones en dólares, un aumento considerable en comparación con el inicio del fideicomiso, donde la presencia de activos en dólares era mínima.
En cuanto a las inversiones en acciones locales, la cartera administrada por Picton alcanzó los $2.300 millones, distribuidos en empresas de diversos sectores, incluyendo Aguas Andinas, Embotelladora Andina, BCI, Banco Santander, Cencosud, Banco de Chile, CMPC, Colbún, Copec, Falabella, Itau, Latam Airlines (con la mayor inversión, alcanzando los $277 millones), Mall Plaza y SQM.
La composición inicial de la cartera, en abril de 2018, se basó principalmente en renta fija, con $20.421 millones invertidos en bonos de empresas y bancos locales a través de Bice Inversiones, y $1.479 millones en renta variable, también custodiada por Bice. El resto se distribuyó en fondos mutuos de Volcom Capital AGF, Neorentas AGF y Principal AGF.
Al momento de la liquidación, la cartera entregada a Galilea consistió en $9.750 millones en renta variable, principalmente en activos alternativos extranjeros de alta y baja volatilidad, y activos alternativos nacionales de baja volatilidad, y $2.661 millones en renta fija, concentrados en bonos de empresas y papeles bancarios. Además, se entregaron US$ 4.581.758 en dólares, invertidos principalmente en activos alternativos extranjeros de alta volatilidad administrados por Moneda, Ameris, Partners, Compass y, en gran medida, por la propia Picton.
La ley de probidad en la función pública exige la liquidación de los valores administrados en un fideicomiso y su reinversión en activos a elección de la gestora. En el caso de Galilea, la inversión en renta variable se limitó al 25% del patrimonio administrado, cumpliendo con las regulaciones establecidas en el mandato suscrito en 2018.
A pesar de la finalización del fideicomiso, Picton continuará gestionando los recursos del exsenador, manteniendo así una relación comercial que se ha extendido por ocho años y que ha generado significativas utilidades para Galilea. La transparencia en la gestión de estos recursos, y el cumplimiento de la normativa vigente, han sido elementos clave en el desarrollo de este fideicomiso, que se ha convertido en un referente en el ámbito de la probidad y la prevención de conflictos de interés en la función pública.
